A un año de la visita del Papa a Chile

La semana pasada se cumplió un año de la visita del Papa al país, la que despertaba grandes expectativas luego de lo vivido tres décadas antes con Juan Pablo II. Sin embargo, el complejo escenario que enfrentaba la Iglesia en Chile por acusaciones hacia religiosos por abusos sexuales y de poder -entre ellos algunas figuras emblemáticas- durante los últimos años, como asimismo de encubrimiento por parte de autoridades del clero, determinaron una menor participación del público en las actividades con el Pontífice. Una situación que adquirió una connotación aún más delicada con la polémica defensa que Francisco hizo del obispo Juan Barros al término de su viaje.

La rápida reacción del Papa, sin embargo, al constatar su error y disponer la visita del arzobispo Charles Scicluna a Chile para investigar y reunirse con las víctimas de abusos, como también su decisión de citar a los obispos a Roma -donde éstos presentaron sus renuncias-, generó grandes expectativas de cambios. La percepción mayoritaria era que se estaba enfrentando con decisión el tema de los abusos. La carta que entregó a los prelados en esa ocasión apuntaba en la misma dirección al señalar que "las dolorosas situaciones acontecidas son indicadores de que algo en el cuerpo eclesial está mal. Debemos abordar los casos concretos y a su vez, con la misma intensidad, ir más hondo para descubrir las dinámicas que hicieron posible que tales actitudes y males pudiesen ocurrir".

Sin perjuicio del claro contenido que se ha conocido de los mensajes y cartas papales, así como la aceptación de las renuncias de siete obispos, el inicio de un proceso de transición, y los cambios en la recepción de denuncias en este tipo de causas, entre otras medidas, cabe preguntarse si la confianza está recuperada y si hay un camino definido para que la Iglesia Católica local avance efectivamente. Quedan dudas, por ejemplo, cuando se prolonga la actual situación de transición, al no haberse nombrado ningún nuevo obispo en calidad de titular en reemplazo de los renunciados. Lo mismo sucede con la demora en el cambio en la arquidiócesis de Santiago, donde su titular no solo cumplió hace dos años la edad límite de 75, sino que enfrenta acusaciones de encubrimiento que han limitado su actuar. A ello se agrega que la mayoría de sus obispos auxiliares fueron nombrados administradores apostólicos en esas otras diócesis.

En un escenario en que quienes se declaran católicos ha descendido de 69% a 55% en 10 años, y en el que la confianza en la Iglesia Católica ha bajado de 51% a 13% en 20 años, resulta fundamental para esa institución avanzar con mayor rapidez en los cambios. Nada se obtiene si esas transformaciones terminan siendo solo procedimentales y no comprenden materias propias de su administración y funcionamiento; se requiere conocimiento y transparencia respecto de las medidas de fondo tomadas y liderazgos efectivos que garanticen una renovación y condiciones que no den lugar a espacios para que situaciones como las ocurridas se repitan o, si llegaran a ocurrir, sean denunciadas, perseguidas y sancionadas.