Ante el reto de la violencia



Por Jorge Burgos, abogado

Son múltiples las evidencias que acaso el más complejo de los problemas que enfrenta hoy el país es el desafío planteado por los grupos armados que han consolidado su presencia en las regiones de La Araucanía, el Biobío y los Ríos al punto de excluir en los hechos determinadas zonas del territorio al control del Estado. El caso de Temucuicui ilustra lo que ha ido desde abril de 2017, cuando los encuestadores del Censo Nacional no pudieron ingresar a ese lugar, hasta el 7 de enero de este año, cuando un operativo de la PDI, que contó con la participación de más de 800 agentes, encontró fuerte resistencia armada. El ministro del Interior declaró entonces que la policía se había encontrado con “una organización criminal de alto nivel, alto poder de fuego; organización, armas, drogas…”. Ese día, 30 vehículos policiales quedaron con perforaciones de armas de grueso calibre. En enero y febrero, se incrementaron los atentados incendiarios, como también la toma de predios, los actos de extorsión a pequeños productores para entregar parte de sus cosechas, y otras acciones que ya no cabe dudar sobre su calificación como terroristas.

El Presidente Piñera llamó el 23 de febrero a materializar “un acuerdo nacional que nos permita unir nuestras fuerzas para poder derrotar esta ola de violencia y esta ola de atentados terroristas que tanto daño les ha causado a tanta gente en las regiones del sur y que significa un grave atentado a nuestro estado de derecho, al orden público, a la seguridad ciudadana y a nuestra democracia”. Anunció además que pondría suma urgencia a ciertos proyectos de ley, como el que refuerza el combate al narcotráfico, el que previene los ataques a camiones y el que aumenta las sanciones a los usurpadores de predios.

Dada la gravedad de la situación, la vía legislativa no suena como una forma de responder eficazmente a una situación que es muy crítica. Es importante perfeccionar los instrumentos legales por supuesto, pero ello supone largas tramitaciones en el Congreso, a lo que se agregan las dificultades de la campaña electoral. Lo que se necesita en este momento es aplicar los instrumentos que la vigente legislación otorga, con ejecución pronta. El Estado debe reaccionar con los recursos que tiene hoy a su alcance, que no son pocos. En esa línea está encaminada la cooperación de las FF.AA. y mejorar el trabajo de Inteligencia.

El Estado está desafiado en el plano del uso de la fuerza legítima. Existen grupos que cuentan con recursos suficientes para causar enorme daño. Se trata de organizaciones delictivas, que combinan el discurso de las reivindicaciones étnicas con la determinación de aprovechar todas las oportunidades para negocios espurios: robo de madera, ganado, vehículos y cosechas; compromiso con el narcotráfico, etc. Los métodos ya no dejan espacio para la duda. Es el dominio por el terror, que sufren en primer lugar las comunidades mapuches que se resisten a entrar en la lógica guerrillera. En el último tiempo, los grupos armados han ganado confianza en sus fuerzas y actúan con mayor audacia confiados en altos grados de impunidad. No existe la posibilidad de dejar que las aguas corran como si nada.

Hay que poner fin a la impunidad. No se puede aceptar que haya zonas del territorio nacional en que en la ley no se aplique, que no valga.

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