Antes del plebiscito



Por César Barros, economista

La verdadera causa de aquel 11 de septiembre de 1973 fue un tema constitucional. Fue el derecho de propiedad, amenazado por la izquierda y el propio Presidente Allende.

El derecho de propiedad venía vulnerado desde los 60 con la Reforma Agraria, impulsada por los EE.UU. para terminar con el latifundio. Fue una experiencia económica y políticamente ruinosa. Después, en el gobierno de la UP, aparte de las “tomas” del sector rural, se amenazó la propiedad urbana y la industrial. Por más que la Corte Suprema y el Parlamento reclamaron inconstitucionalidad, el gobierno “avanzó sin transar” en su jaque mate a la Constitución y al derecho de propiedad. Hoy, vemos un ataque, no tanto al derecho mismo a la propiedad, sino uno violento y sin objetivo aparente a la infraestructura, a las iglesias, semáforos, metro y transporte. A diferencia de los años 60 y 70, no hay partidos políticos conduciendo la violencia. No hay “una vanguardia ideológica” que conduzca a los violentos. Pero a pesar de su falta de objetivo, sin querer queriendo, precipitaron un cambio a la Constitución.

Como todas las constituciones chilenas, también será precedida por la violencia. La de 1833 de José Joaquín Prieto, luego de aplastar a los “pipiolos” liberales y regionalistas, rigió 92 años, y gracias a su estabilidad Chile pasó a la cabeza del resto de las ex colonias españolas. Con ella ganamos dos guerras, y con ellas el salitre y el cobre. La de 1925, se hizo bajo la amenaza “del ruido de sables” y, después de nacer, vino la dictadura del entonces coronel Ibáñez. Duró hasta el año 81, donde - de nuevo- a la fuerza se impuso la que tenemos. Estaría durando unos 40 años. Y en democracia, fue cambiada numerosas veces, y su evolución logró cambios muy importantes, pasando nuevamente a liderar al resto de las ex colonias españolas.

Ahora el gatillo fue -como antaño- una violencia no contenida. Y a la que nos vamos acostumbrando: nos felicitamos con que haya unas pocas destrucciones menos. Aunque en La Araucanía sea un verdadero Far West, donde no hay ley ni respeto a la autoridad de ningún tipo. Y también nos vamos acostumbrando y resignando a que los violentos se impongan sin contrapeso. Y en las señales del proceso que seguirá a mañana, no se ven ideas constitucionales; solo discusiones de cómo defender y cómo atacar el tercio que se acordó en noviembre pasado. Y se impulsan mensajes mesiánicos, de cómo una nueva Constitución terminará con las injusticias, las desigualdades y la pobreza. Difícilmente una Constitución arregla esas cosas. La Constitución actual, que garantiza a los chilenos el derecho a respirar aire limpio, no se cumple en Santiago, ni en Temuco, ni en Puerto Montt. También garantiza la propiedad privada, y protección contra el crimen, el terrorismo y la violencia. Tampoco se cumple. ¿Por qué extraño mecanismo una nueva Constitución resolverá la violencia, los incendios, los portonazos y las “tomas”?

Ojalá el país tenga una Epifanía, y además de hacer una nueva Constitución, nos esforcemos por cumplir la ley, defendiendo los derechos que están siendo borrados, ante la impotencia de los gobiernos, las policías y los jueces.

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