Aplicaciones de transportes

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Han transcurrido casi tres años desde que ingresó al Congreso Nacional el primer proyecto de ley que regulaba las aplicaciones de transporte, como Uber y Cabify.

En estos años, han irrumpido nuevos prestadores de servicios y aun cuando no hay números exactos -precisamente porque no están regulados- se han multiplicado los vehículos y los conductores de dichas aplicaciones, así como los usuarios de ellas.

A días del trágico accidente de tránsito de buses interurbanos en que fallecieron seis personas, sin duda la necesidad de regular las aplicaciones y fiscalizar y controlar adecuadamente su funcionamiento es inminente y debe ser tarea prioritaria de las autoridades.

Legítimo es que el gobierno haya estimado presentar un nuevo proyecto de ley, pero ya ha transcurrido más de un año y no hemos logrado ver resultados concretos.

El proyecto sigue en tramitación y su redacción actual preocupa, principalmente por las imprecisiones respecto del carácter y las obligaciones de las empresas de aplicaciones. Así por ejemplo, se habla de contratar seguros, sin especificar quién asumirá su contratación; en caso de accidente de tránsito, no se especifica si la empresa responsable de la aplicación tendrá alguna responsabilidad; o si en caso de documentos falsificados u otros delitos, previstos en la ley de tránsito, responderán frente a los usuarios y las autoridades. Tampoco se exigen boletas de garantía, como ocurre con el transporte público en general, para resguardar el cumplimiento de sus obligaciones.

Adicionalmente, aun cuando se menciona someramente, el proyecto hipoteca la posibilidad de que futuros gobiernos cuenten con las herramientas necesarias y explícitas para hacer frente a las externalidades negativas del transporte, como la congestión, contaminación y seguridad. Algo que sí ocurre en el caso de los taxis, los que no solo tienen cerrado el parque, sino también pueden ser objeto de licitaciones públicas, cuestión no prevista para los vehículos que operan con aplicaciones.

Sólo se enuncian algunas observaciones al proyecto. Esperamos que la discusión en el Senado sea una oportunidad para mejorar su contenido y avanzar en forma diligente en una legislación robusta que asegure la adecuada prestación de servicios y cuya vigencia sea gradual.

Es una más de las tareas pendientes en movilidad urbana y es una más de las tareas pendientes frente a la movilidad segura de todos. En Chile, las mujeres son las principales usuarias del transporte público, alcanzando un 52,5%, pues les resulta seguro y de fácil acceso, razón por la cual regular las aplicaciones es también una necesidad para proteger especialmente sus desplazamientos. Es hora de avanzar y por sobre todo de planificar en función del bien común, misión que la propia Constitución establece como deber de todos los órganos del Estado. Ninguno es la excepción.

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