¿Asamblea constituyente?

Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo

Mañana a las 10 AM se inaugura la Convención Constitucional originada en el acuerdo suscrito en 2019 por los partidos con representación parlamentaria, excepto el Partido Comunista y facciones del Frente Amplio. Allí se evitó usar el término Asamblea Constituyente, pese a que esa había sido la expresión utilizada por quienes sostenían que la Constitución Política no debía reformarse, sino que había que elaborar una Constitución completamente nueva. La sigla AC recogía esa pretensión.

La desaparición del término hizo recordar la frase “un paso adelante y dos pasos atrás”, título de una publicación de Vladimir Lenin el año 1904. Es que las asambleas constituyentes realizadas en Venezuela, Ecuador y Bolivia que originaron nuevas constituciones aconsejaban cautela; Venezuela devino en una dictadura comunista y su población está sumida en la hambruna, siendo hoy el principal foco de emigración humanitaria del mundo. Ecuador y Bolivia vivieron graves crisis políticas e intentos de perpetuarse en el poder. En Perú, soplan ahora vientos de asamblea constituyente.

Los pasos atrás que dio el Partido Comunista en Chile al restarse del acuerdo del 15 de noviembre y renunciar al término asamblea constituyente se han visto ampliamente compensados al convertirse, gracias a su efectiva gestión política y a falta de otros liderazgos, en los principales administradores del proceso, definiendo lo que es aceptable y lo que no lo es, e incluso atreviéndose a dictaminar qué opiniones pueden considerarse válidas y cuáles no. El Frente Amplio ha sido un conveniente acólito de los comunistas en ese afán.

A ellos vinieron a sumarse los convencionales electos de la llamada Lista del Pueblo, que reclaman ser los “auténticos” representantes de nuestro “procés” criollo; en cuanto se consideran los voceros del llamado “estallido social” y efectivamente varios de ellos participaron en actos de violencia contra personas y bienes a partir del 18 de octubre de 2019.

Pero nadie eligió a comunistas, frenteamplistas o a la Lista del Pueblo para cancelar la democracia en Chile. No tienen ese mandato y su pretensión de arrogarse facultades que no les han sido concedidas se llama sedición. Algún jurista debiera decirnos si se les aplican, por extensión, las normas que establecen causales de destitución que rigen para los parlamentarios. Han vetado al presidente de la Corte Suprema para conducir la apertura de la Convención ante la debilidad del gobierno; han convocado a una marcha mañana a las 8:15 de la mañana desde la Plaza Baquedano a la sede donde sesionará la Convención.

Los convencionales que pretendan desconocer las reglas que los rigen, devienen en ilegítimos, pues esas reglas los instalaron allí. El gobierno y los demás poderes del Estado deben asegurar la democracia, que corre hoy peligro por esa pretensión.