Atentado a la democracia

La sede del Congreso Nacional, en Valparaíso.

SEÑOR DIRECTOR

La recientemente aprobada reforma constitucional que entrega transitoriamente al Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) la fijación de sueldos provisionales a los congresistas y a las autoridades políticas del Ejecutivo puede colocar a nuestra democracia en un delicado equilibrio, si la rebaja no es planteada dentro de parámetros razonables.

Lo anterior adquiere especial relevancia, porque la redacción de la reforma es imprecisa sobre cómo la fijación de rentas que haga el CADP impactará en otras leyes y otras remuneraciones. Lo anterior obligará al Consejo a realizar un estudio acabado del impacto de la reforma, debiendo velar porque la rebaja de la renta de los subsecretarios, por ejemplo, no termine afectando -por la Ley 19.882- a los jefes de servicio ADP.

También deberá evaluarse el efecto “cascada” hacia abajo de la pirámide, por ejemplo, en las remuneraciones de los jefes de división y otras jefaturas producto de la rebaja en las remuneraciones de subsecretarios, intendentes, gobernadores y seremis.

Desde la década del noventa, nuestro país ha abordado la profesionalización del servicio público como un eje de la modernización del Estado, intentando atraer talento para poder implementar mejores políticas públicas.

Lo anterior ha sido un camino complejo y no exento de dificultades. No debemos olvidar los problemas que enfrentamos en 2003 y que terminaron con la dictación de la ley del nuevo trato y la creación del Sistema ADP, entre otras reformas, que buscaban profesionalizar la función pública. Los incrementos de remuneraciones que se implementaron a partir de ese momento tenían como uno de sus objetivos mejorar los sueldos de los funcionarios públicos, con el objeto de atraer talento y sobre todo evitar la corrupción y los riesgos de captura, ambos factores indispensables a cuidar en una democracia.

Resulta curioso que 15 años después estemos en una discusión que va completamente en la dirección contraria. Servir al Estado es, por cierto, un honor, pero los tiempos en que esto se hacía en forma gratuita han sido largamente sobrepasados, ya que ello permitía servir solo a aquellas personas que tenían su situación económica resuelta, lo que resultaba profundamente antidemocrático.

Miremos nuestra historia, aprendamos de ella y no repitamos los errores del pasado.

María Beatriz Corbo

Ex consejera de ADP

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