Auge y caída de la Lista del Pueblo

Aunque el colectivo buscó erigirse como una renovación de la política, desafiando a todos los partidos, en muy poco tiempo cayó en los mismos vicios e irregularidades que denunciaba.



El derrotero por el que ha transitado la Lista del Pueblo (LdP) -colectivo político que fue la gran sorpresa en la pasada la elección de convencionales, al elegir un total de 27 y reunir más un millón de votos- probablemente quedará como uno de los casos de estudio de la política chilena, pues su auge y estrepitosa caída en cierto modo resume todos los problemas que han llevado al desprestigio de la actividad política.

Forjada al alero de las protestas que tuvieron lugar en la Plaza Baquedano durante el llamado estallido social, los fundadores de la Lista del Pueblo lograron generar un colectivo que rápidamente prendió a través de las redes sociales, y bajo su alero lograron congregar a numerosos candidatos independientes para competir por un puesto en la Convención Constitucional. Su postura contestataria y ajena al establishment los llevó a desechar cualquier tipo de alianza con el Frente Amplio o con el Partido Comunista, al tiempo que algunos de sus voceros desestimaron todo tipo de entendimiento -incluso posibilidad de diálogo- con la derecha política.

Alentados por el buen rendimiento electoral, la LdP optó también por competir en las presidenciales de noviembre, lo que a la larga devino en un escándalo sin precedentes. En maniobras no bien explicadas hasta ahora, el candidato que originalmente se había designado fue bajado muy poco después, tras lo cual se llevó a cabo una “consulta al pueblo”, donde resultó electo Diego Ancalao. Su candidatura fue sin embargo desestimada por el Servel, al detectarse que más de 23 mil patrocinios aparecían avalados por un notario que ya había fallecido, lo que motivó la apertura de una causa penal por parte del Ministerio Público. Lo escandaloso de la situación llevó a que esta semana renunciaran al colectivo los últimos convencionales que aún seguían en la LdP, éxodo que había comenzado hace ya algunas semanas, cuando empezaron a salir a la luz pública fuertes diferencias en su interior, acusando a su dirección de actitudes personalistas o de alejarse de los principios que inspiraron a dicho colectivo.

Aun cuando la LdP intentó presentarse como un grupo ajeno a los intereses partidarios, reivindicando la “pureza” de los independientes, el colectivo no logró ser ajeno a las mismas pugnas, pero amplificadas a tal nivel que produjeron su desintegración. La agrupación pecó de la misma arrogancia que se ha observado en otros movimientos nacientes, que imbuidos por una popularidad momentánea desdeñan a la política tradicional, y prometen una renovación que no es tal, causando frustración en sus bases y luego éxodos. El caso de la LdP es aleccionador sobre las dificultades que representa administrar adecuadamente el poder y la necesidad de establecer controles o contrapesos que minimicen los riesgos de corrupción o prácticas irregulares.

El caso de la LdP debe ser observado con detención, pues si bien los independientes legítimamente buscan alejarse de las estructuras partidarias, hay evidentes riesgos cuando estas agrupaciones se empiezan a parecer en los hechos a un partido político -con bancadas, elecciones internas, recolección de fondos, presentación de candidaturas-, pero escabullendo sus regulaciones.

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