Aumento de la violencia en La Araucanía

La visita que hoy tiene previsto efectuar el ministro del Interior a La Araucanía será seguida con especial atención, pues su presencia ocurre en un contexto especialmente complejo para la región, marcada profundamente por los efectos de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca -producto de un operativo policial-, y el preocupante recrudecimiento de la violencia, que ha sido alertado por dirigentes gremiales y parlamentarios de la zona.

Los efectos del caso Catrillanca han tocado directamente al ministro del Interior, quien enfrenta la asonada de la oposición, reclamando su renuncia -también se ha iniciado el estudio de una posible acusación constitucional-, debido a que en opinión del bloque existen versiones contradictorias de la autoridad en la forma como ocurrió la muerte del comunero. El jefe de gabinete ha recibido el respaldo del propio Presidente de la República, lo que debería abrir un espacio para que desde el gobierno se retome una acción mucho más directa hacia esta región.

En esa perspectiva, se hace necesario una agenda que permita cambiar el eje de la discusión, pero en lo inmediato es indispensable que el orden público y el estado de derecho sean restituidos sin ambigüedades. Parece evidente que, desde que estalló el caso Catrillanca, la autoridad se ha visto más inhibida para tomar acciones que pongan freno al violentismo, lo que naturalmente ha servido como estímulo para los grupos que insisten en desafiar el estado de derecho. La impune forma en que grupos realizan vandalismo a plena luz del día resulta decidor del cuadro actual; la municipalidad de Ercilla -en un hecho ciertamente insólito- permaneció tomada por un lapso de 12 días a manos de grupos mapuches, e incluso carabineros que están de punto fijo en la zona han recibido disparos.

La reciente invocación de la Ley de Seguridad del Estado por parte del gobierno es un paso que va en la dirección correcta, pero cabe esperar que ello no implique que dejarán de invocarse otras herramientas jurídicas de mayor intensidad, como es el caso de la ley antiterrorista, considerando que algunos de los recientes casos se podrían encuadrar en dicha figura. En un contexto más amplio, el Ministerio Público regional acaba de entregar su cuenta pública, en la cual informó que las causas por violencia rural se han incrementado en 28%, con 332 medidas de protección vigente, 116 de las cuales son de alta intensidad. Pero conforme lo han hecho ver actores gremiales, acaso el mayor problema es la sensación de impunidad con que se cometen estos delitos.

Un problema objetivo con el que se enfrenta el gobierno para acometer la tarea de seguridad, es la existencia al interior de Carabineros de grupos que parecen responder a intereses ajenos, no trepidando para ello en mentir o falsear pruebas, lo que ha resultado devastador. El nuevo alto mando de la institución debe abocarse de lleno a corregir esta evidente falencia, pero, en paralelo, la autoridad política no debe descuidar la dimensión de seguridad, por el alto riesgo que ello supone para la población.