Avanzar en la nacionalización del cobre

Por Jan Cademartori, académico del Dpto. de Ingeniería Comercial Universidad de Antofagasta; magíster en Economía y doctor en Desarrollo, Universidad Católica de Lovaina

El desarrollo minero de Chile se fortalece si la Convención Constitucional facilita la nacionalización de la gran minería de cobre para que una parte la explote preferentemente el Estado. Entendemos por desarrollo minero su máximo aprovechamiento para el interés nacional al mínimo costo. Hay cuatro razones: la captura de renta, la agregación de valor, lo finito del recurso, la protección ambiental. Por espacio, solo nos referiremos a las dos primeras. El detalle se puede encontrar en Internet, en mi artículo ¿Qué hacer con el cobre?

En uno de los últimos estudios que citamos, se estima la ganancia privada que regala Chile en U$ 10.000 millones promedio anuales. Este año, con un precio extraordinario, las utilidades operacionales superarán US$ 30.000 millones. Estas rentas no se pueden capturar por medio de impuestos porque estos dependen de las cifras no confiables que publican las empresas en sus balances. Y son demasiado elevadas para que el país permita que se exporten. En nuestro artículo entregamos una larga lista de métodos legales e ilegales para encubrir las ganancias.

¿En qué deben utilizarse estas ganancias? En los tres primeros años, en pagar la expropiación. De acuerdo a mi estimación preliminar, el valor libro (contable) de la gran minería privada del cobre, no supera los US$ 30.000 millones, sin descontar eventuales impuestos no pagados y caución por daños ambientales. Hasta conviene endeudarse para pagar; la tasa de interés inferior al 10% se paga sola con una tasa rentabilidad TIR que ha sido cercana al 100% anual. Así se financió la inversión privada.

Enseguida, las ganancias deben usarse para cambiar la matriz productiva, especialmente en las regiones mineras. Antes que sea demasiado tarde como ocurrió con el salitre. Actualmente, el grueso de la exportación de cobre de las privadas, es concentrado de cobre, que contiene menos del 40% de metal puro. Debe invertirse para industrializar el norte mediante sustitución de importaciones industriales por producción local. Tanto en la cadena de proveedores como en la elaboración de productos manufacturados de cobre.

En ningún caso debe pagarse por el valor presente de los flujos futuros ya que ellos contienen la renta que le pertenece al Estado por ser el propietario del recurso natural. No hay que olvidar que el Estado conserva constitucionalmente la propiedad minera, y sería absurdo pagar por una renta futura que proviene de las condiciones geológicas excepcionales que recibe el arrendatario antes de invertir su capital.

Por otro lado, Codelco ha demostrado desde su creación que la eficiencia estatal es igual o superior a la privada. En cualquier caso, sería conveniente que se endurecieran las penas por corrupción estatal. Respecto a la exploración, no se vería afectada, ya que ésta puede concesionarse a privados, pagar por sus resultados y otra parte, realizarse directamente a través del Estado.

Finalmente, ¿es realista plantearse la nacionalización en la actual situación política? No ha habido voluntad política para fiscalizar. El Plan B puede ser ir por etapas. La primera etapa es fiscalizar. Si se descubre un fraude tributario o ambiental de magnitud, la opinión pública exigirá la expropiación. Por otro lado, a partir de ahora, el Estado se puede hacer cargo de los nuevos proyectos que le resulten interesantes. Al mismo tiempo, las grandes empresas, deben transformarse en sociedades anónimas que transen en bolsa, para que el Estado pueda acceder a participar en los directorios y a información estratégica. Además, ello permitiría que parte de las cotizaciones previsionales aumenten su rentabilidad.