Bailar en círculos

Como parte de una delegación de Fundación San Carlos de Maipo nos tocó asistir hace algunos días en Washington DC a la 26 reunión anual de la "Society for prevention research" (SDRG) que agrupa a más de 900 investigadores de todo el mundo.

En la oportunidad uno de los temas -desarrollado por investigadores del SDRG de la Universidad de Washington: Richard Catalano y David Hawkins- fue tratar de entender por qué con más de 30 años de evidencia sostenida la prevención no ocupa un papel protagónico en el presupuesto público.

Durante décadas, las políticas públicas se han centrado en proteger, tratar, rehabilitar y por cierto  controlar los  problemas de salud mental en niños y jóvenes. Estados Unidos año tras año, gastó miles de millones de dólares en rehabilitar y en el confinamiento de los jóvenes que presentaban dificultades de salud mental o  comportamiento delictivo, conductas agresivas o de abuso de sustancias (Catalano, 2007; Hawkins, 2006; Woolf, 2008). Estas políticas lamentablemente evidenciaron en que no contribuían en reducir las prevalencias, además de aumentar los niveles de desigualdad (Gilman, 2014; Occidental y Pettit, 2010).

Por ello, aunque el tratamiento y control son claramente necesarios para proteger a los niños y garantizar la seguridad pública, no forman parte de la solución requerida para abordar la salud mental de niños y jóvenes en riesgo. Hoy en el mundo hay ya varias décadas de investigación sobre programas efectivos y políticas que muestran  que podemos ir a las causas de estos problemas.

Desde la evidencia internacional se identifican 3 niveles de programas eficaces de prevención: 1. los Programas Universales, que pretenden llegar a todos los niños y jóvenes sin importar el nivel de exposición al riesgo;  2. Programas Selectivos, que se centran en jóvenes que han estado expuestos a niveles elevados de riesgo, pero que todavía no manifiestan problemas de salud mental y; 3. los Programas Indicados, que se centran en jóvenes que evidencian los primeros síntomas de problemas de salud mental. De cada uno existen ejemplos en nuestro país, tal es el caso del sistema "Comunidades que se cuidan" (que se aplica desde 2014 en Chile con más de 2 décadas de evidencia internacional) o la Terapia Multisistémica, o el programa Triple P, todos ellos con distintos niveles y ámbitos preventivos, pero con eficacia prometedora.

Por esta razón, es clave apoyar la adopción y diseminación de programas preventivos basados en la evidencia, que fortalezcan las capacidades, tanto del Estado como desde la sociedad civil, para abordar las causas en materia de salud mental de nuestros niños y jóvenes.

En este proceso, es determinante implementar la evaluación y transferencia de capacidades a las comunidades locales, para sistemáticamente priorizar los factores de riesgo y protección con base a información local y tomar decisiones sobre un conjunto de programas que comprometan resultados.

Desde las políticas públicas hay un desafío importante en cuanto a establecer y aplicar criterios para que las intervenciones preventivas sean eficaces, sostenibles y costo eficientes, asegurando su replicabilidad y monitoreo permanente. Sin embargo, un tema fundamental tiene que ver con el Estado y la inversión en esta lógica. Es preciso dotar de la infraestructura necesaria  para apoyar la ejecución de calidad en las intervenciones preventivas.

La prevención debe dejar de ser la expresión minoritaria en el Presupuesto Público. Debe tomar aceleradamente la agenda en todas las materias donde hoy las acciones solo atacan los efectos y no las causas. Tenemos que avanzar y no seguir bailando en círculos.