Baltazar

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Operativo en La Legua ocurrido en octubre del año pasado para terminar con balaceras. Foto: Juan Farías



Hace una semana Baltazar Díaz recibió un disparo mortal en su casa de la comuna de La Pintana. Es más, los habitantes de dicho municipio -y de otros colindantes- sostienen que escuchan a diario balaceras. ¿Es la pérdida de vida de Baltazar solo una materia criminal, que se resuelve encontrando a los culpables y castigándolos legalmente, o se trata de las consecuencias de un problema institucional de fondo?

Al analizar la materia surge naturalmente la pregunta del por qué el problema de la seguridad en general y aquel asociado al narcotráfico en particular, aparece siendo, por ejemplo, mucho menor en Vitacura y en Santiago Centro que en La Pintana. ¿No estará la paz ciudadana asociada a los gastos por persona que, entre otros, los municipios pueden hacer en materias como iluminación, seguridad ciudadana, parques, entretenciones y cultura? En otras palabras, ¿no estará la seguridad ciudadana asociada al nivel del gasto de carácter público municipal por persona?

En efecto, las diferencias existentes en las materias antes citadas entre unas y otras comunas son abismantes, a pesar de la existencia del Fondo Municipal Común, que transfiere importantes montos de recursos de las municipalidades de altos ingresos a las de bajos. Felipe Kast resaltaba que mientras unas comunas hacen museos de cera, otras apenas logran pagar sus servicios básicos. Y la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro Peña, valoraba el aumento de la dotación policial que había recibido este año, pero indicaba que tan solo tenía tres motos para los carabineros, o sea, la nada misma.

Los datos hablan por sí mismos. Grosso modo, el gasto municipal por persona de Santiago Centro es de solo un 42 por ciento de aquel de Vitacura y el de La Pintana es apenas un 16 por ciento del primero (estimaciones basadas en datos del Sistema Nacional de Información Municipal). Esto sin duda explica la mayor parte de la enorme diferencia en la cantidad y calidad de los servicios que prestan las diferentes municipalidades en Chile y que, entre otras cosas, se traducen en diferencias en materia de seguridad.

El gasto municipal se hace mayormente en bienes públicos y por ello es válido preguntarse si es que existe alguna justificación para las desigualdades antes descritas. Si la respuesta es negativa, sería conveniente ir ampliando el Fondo Común Municipal con recursos fiscales, al mismo tiempo que se reducen subsidios injustificados del Estado, que los hay y muchos. El objetivo sería igualar -hacia arriba- los niveles de gastos por habitante de los municipios chilenos. Es probable que si el estándar nacional de oferta de bienes públicos a nivel comunal hubiese sido aquel del sector oriente de Santiago, otro habría sido el cantar y no hubiésemos tenido que lamentar la pérdida de vida de Baltazar.

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