Boicot a la PSU

Las pruebas discriminan, en general para eso se hacen, en el caso de la selección universitaria su objetivo principal es predecir el desempeño que tendrá el postulante en los estudios superiores, pues es más eficiente y socialmente más justo otorgar los cupos a aquellos que hagan presumir que tendrán un mejor desempeño.

¿Es justa la prueba desde el punto de vista de los estudiantes? En muchos casos no lo es, desde luego. Nadie ha descrito más lúcidamente el efecto de las condiciones que podríamos llamar medioambientales en la vida de las personas que John Rawls, su famosa teoría de la justicia trata precisamente de eso y la publica siendo profesor de una de las universidades más selectivas del mundo: Harvard.

En las sociedades civilizadas las injusticias se enfrentan institucionalmente, buscando soluciones que respeten los derechos del resto de la comunidad y que se procesen en el marco del sistema democrático. De eso se trata, en el fondo, la competencia de los distintos proyectos políticos y quienes no están dispuestos a seguir estas reglas son los que actúan bajo la convicción de que son poseedores de una superioridad moral que les permite imponer sus términos a los demás. Para ellos, los perjudicados en sus procesos de cambio forzado son un "daño colateral", el precio que hay que pagar para terminar con la injusticia.

Esto es lo que hemos vivido desde el 18 de octubre, desde los que consideran injusta la tarifa del Metro, el pago por el uso de las autopistas concesionadas, el mercado en sí mismo y, ahora, la PSU. Por eso hemos visto la misma respuesta en todos los casos: violencia. Destruir el Metro, quemar plazas de peaje, saquear e impedir por la fuerza que se rinda la prueba de selección universitaria.

En esta violencia no hay épica, ni sentido de justicia, ni mucho menos el camino hacia un país mejor; apenas es la mezcla corrosiva de unos pocos que actúan con la soberbia de los iluminados, estimulando la irracionalidad de grupos anómicos y antisociales. Esta violencia busca destruir las bases y las instituciones del estado democrático de derecho, la única manera de que fracasen es que esas instituciones se defiendan con las armas propias del estado de derecho.

La ley debe aplicarse, los que intentaron boicotear la prueba deben ser excluidos del proceso, la explicación de que esa sanción aplica a los que alteran la tranquilidad en una sala es pueril; la defensora de la niñez debe hacer lo obvio: defender a los niños, que tienen derecho a un sistema educacional seguro y pacífico, de los que los atacan violentamente en una etapa esencial de ese sistema. Es triste decirlo, pero los rectores están haciendo un papelón y la defensora de la niñez está traicionando su papel.