Cable a tierra

Por Pía Mundaca, directora ejecutiva de Espacio Público

Una serie de declaraciones, entre desafortunadas e indolentes, de varias altas autoridades políticas sirvieron como catalizador para esa gran marea de frustración y rabia que venía fraguándose hace años y que reventó el 18 de octubre del año pasado. Durante los días posteriores al estallido los mea culpas se multiplicaron, abriéndose la discusión sobre la posibilidad de compartir privilegios con los demás. Parecía que la incertidumbre que vivieron algunos por primera vez durante esas semanas hizo remecer aquello que no habían estado dispuestos a cuestionarse jamás. Es paradójico que esa incertidumbre fugaz que algunos pocos experimentaron sea un sentimiento cotidiano para una gran cantidad de personas en nuestro país, que viven con lo justo, que se sienten inseguros, sufren injusticias y abusos y no encuentran en el Estado respuestas a sus necesidades más básicas. Durante la crisis la frase “las cosas tienen que cambiar” fue una de las más escuchadas, personas de distintos mundos declaraban haber recibido un golpe de realidad y, por fin, haber entendido el mensaje.

Una serie de declaraciones durante estos últimos días demuestran que, sin embargo, hay muchos dirigentes que más que no haber entendido nada son incapaces de aprender.

El excanciller Ribera señaló que “los niños y niñas que requieren protección son los menores que no son infractores de ley”, haciendo una distinción inaceptable entre niños, niñas y adolescentes, quienes deberían contar con la protección del Estado a todo evento y sin distinción alguna. Por su parte, el alcalde Lira de Lo Barnechea se refirió a vecinos de dicha comuna como “esta gente”, “los meteremos en la lista” y “voy a esperar que pasen las elecciones para empezar a sacarlos”. No se refirió de esta manera a cualquier habitante de su comuna, sino que aquellos que habitan de forma más vulnerable, como si vivir precariamente fuera una opción.

Todas estas declaraciones tienen en común la desigualdad de trato y la desconexión con la realidad de nuestro país. Esta situación es más grave si las personas que las emiten son autoridades o quienes tienen la capacidad de incidir de forma sustancial en la vida de muchas otras personas. Cuando la precariedad de la vida desafía tu propia dignidad, debieran ser las autoridades quienes sin dudarlo nos recordaran una y otra vez que aquello no está en juego, jamás. Hay una forma de ser y de representar que no ha logrado entender que la dignidad de aquellos que han vivido en la adversidad vale lo mismo que todas las demás personas que habitan este país. Y que, a mayor vulnerabilidad y desprotección de la población, mayor esfuerzo y garantías debe haber desde el Estado. Lamentablemente, la distancia entre autoridades y ciudadanía sigue siendo tan grande que para algunos la empatía es una virtud impracticable.