Calificación soberana

(Courtney Crow/New York Stock Exchange via AP)



SEÑOR DIRECTOR

La reducción en la clasificación de riesgo país de Chile es consecuencia del debilitamiento de la economía en los últimos 10 años, evidente a partir del estallido social y acentuado por la pandemia. El reporte de Standard & Poor´s (S&P) establece que la menor fortaleza fiscal se ha vuelto preocupante, y que las próximas elecciones y la elaboración de una nueva Constitución significarán mayor presión sobre el gasto público.

Aunque S&P apuesta a la continuidad de nuestra política económica, el inevitable aumento de gasto público que se incuba en los derechos sociales que se desean establecer explícitamente en la nueva Constitución, significará un camino de deterioro para las finanzas públicas.

Afectaría a programas sociales (más pago de intereses y menos recursos para gasto público concreto), presionaría a un alza en las tasas de interés (con menos empleo y menor actividad) y a un aumento del costo de la deuda privada y pública.

Es indudable que Chile ha ido mejorando sus desequilibrios sociales (desigualdad, calidad de la educación, entre otros), pero esta rebaja en la clasificación es una señal de alerta. De lo contrario, si la economía no crece, la deuda pública como carga sobre el PIB seguirá aumentando.

El desenlace ya es conocido. Algunos países vecinos no han aprendido y se daña a los que más requieren de esta protección social. Y en este final no deseado no hay derecho social que se financie, aunque esté estipulado en la Constitución.

Francisco Castañeda

Director de la Escuela de Negocios U. Mayor

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