Cárceles en Chile

A raíz del informe de la Fiscal Judicial de la Corte Suprema, Lía Cabello, se ha vuelto a instalar en la opinión pública la preocupación por la situación de nuestras cárceles y particularmente de quienes viven ahí, los privados de libertad. Ante el Informe, lo primero que se me viene a la mente es el necesario perdón que como sociedad debemos pedirle a todos quienes han sido víctimas de violencia y situaciones degradantes en nuestras cárceles. En una sociedad democrática y de derecho, nadie, por muy criminal que sea, puede estar condenado a la indignidad. Pero el problema de las cárceles en Chile no es nuevo ni obedece a una causa en particular, es un tema complejo que debe ser afrontado en todas sus dimensiones. Sin ánimo de querer abordar todos los factores que convergen en la problemática penitenciaria, quisiera mencionar los que considero más estructurales.

Por de pronto, como sociedad hemos instalado el discurso de que la mejor solución para combatir la delincuencia es incrementar las penas y privar de libertad a la mayor cantidad de personas. La famosa "mano dura" contra la delincuencia, nos ha hecho equivocar el foco, instalando soluciones más efectistas que reales, privilegiando el control delictual y dejando en segundo plano la reinserción social que es, a fin de cuentas, la política pública más eficiente y eficaz a la hora de disminuir la reincidencia, que en Chile alcanza a cerca del 50% de los privados de libertad.

A ello se suma una política penal clasista, en donde se castiga con cárcel la pobreza, con un Código Penal que data de 1874, y con una institución como Gendarmería, a cargo de la custodia y rehabilitación, que requiere de una urgente y profunda reestructuración. Por último, el abuso de la medida cautelar de prisión preventiva, que constituye un tercio de toda la población penal, atenta en contra de la presunción de inocencia, generando un incremento irracional de la población penal.

Conscientes de esta realidad, como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos convocamos en junio de 2017 a un Comité Asesor para la Reinserción Social. Esta instancia de carácter técnico y de composición transversal, trabajó con el propósito de elaborar una hoja de ruta que permitiera aproximarse al tema de la reinserción social de los condenados, desde una perspectiva de política de Estado, abordando sus múltiples dimensiones. Tras seis meses de trabajo, se hizo entrega a la Presidenta Michelle Bachelet de la primera Política Pública de Reinserción Social con 78 medidas, de corto, mediano y largo plazo.

Sería pretencioso decir que este documento es la única solución a los problemas penitenciarios, pero es sin duda uno de los avances más significativos. Solo si entendemos el fenómeno delictual desde una óptica multi causal, con todas sus complejidades, sin caer en facilismos ni eslóganes, seremos capaces de entender que uno de los grandes desafíos que tenemos por delante, es precisamente nuestro sistema carcelario. No es tolerable que ad portas del desarrollo, tengamos personas encerradas en condiciones inhumanas. El progreso de los países se mide más que por sus cifras económicas, por el estado de sus cárceles, pues es ahí donde se encuentran los más pobres entre los pobres de la sociedad.