Carta de navegación del gobierno

El triunfo de Sebastián Piñera levantó la expectativa en su electorado de que se restablecería la capacidad de Chile para caminar con firmeza hacia el progreso. Tras reformas tributarias costosas en el gobierno anterior, que estaban desalentando la inversión en el país, se buscaría reducir impuestos al capital. Luego de un período de profundo cuestionamiento al sistema previsional de capitalización individual, se actualizarían parámetros y se apoyaría con recursos fiscales a quienes perciben pensiones de vejez insuficientes, para dejar atrás los cuestionamientos a un sistema injustamente responsabilizado por problemas en el mercado laboral. En educación se buscaría que el sistema escolar público pudiese recuperar la capacidad de generar respuestas mejor adaptadas a la diversidad en las preferencias de las familias. En fin, en materia laboral se revisarían ciertas normas de negociación colectiva muy dañinas para el desarrollo empresarial en el país, y en salud se ajustarían las regulaciones a las Isapres para reflejar mejor ciertas sensibilidades de sus afiliados, sin afectar su capacidad para dar prestaciones eficientes.

Todo esto, o al menos un avance significativo en esta dirección, corregiría un período de extravíos y volvería a poner al país en una marcha confiada hacia su desarrollo. No cabe duda de que ha habido una gestión seria en temas sectoriales, iniciativas importantes para enfrentar dificultades en diversas instituciones y gestión de acontecimientos complejos que han sobrevenido. También es valioso que las prioridades establecidas por el gobierno sintonicen con aquellas que más interpretan a la ciudadanía, como delincuencia o educación de calidad. Pero tras solo 15 meses del actual gobierno se perciben síntomas de insuficiencia de lo que se entendía era una estrategia para lograr los propósitos centrales de la coalición.

La promoción de acuerdos con sectores de oposición, tras largas demoras, se tradujo en otorgar una calidad de árbitro a la DC, que ésta ha mal utilizado para distorsionar y deteriorar severamente los principales proyectos, tal que el restablecimiento de la credibilidad de instituciones económicas y sociales básicas para retomar el progreso no se concreta.

Posiblemente no hay estrategias alternativas fáciles de diseñar y gestionar. Pero lo que pareció el sinceramiento de una realidad más compleja en la reciente cuenta presidencial, que permitía anticipar definiciones relevantes, parece haber quedado subordinado a una cierta noción de continuidad tras un ajuste ministerial acotado. Se han incorporado refuerzos de alto nivel, pero sin que se aprecie un enfoque renovado para retomar los propósitos iniciales, capaz de aportar el sello movilizador de voluntades que parece necesario.

En lo económico, las expectativas parecen frustradas porque las reformas se ven diluidas, debido a que sobrevino un deterioro en las condiciones externas y porque incluso se apreció un cierto distanciamiento entre la visión oficial y la realidad. El riesgo es que ajustes más bien operativos, como el nuevo énfasis en gasto público para movilizar la economía, carezcan de la entidad suficiente como para revivir la confianza empresarial, que mira a signos más profundos.