Cirugía mayor y urgente

Es un lugar común que nos declaremos, cuando no, orgullosos de la labor cotidiana que realiza Carabineros. Ello se ha traducido históricamente en una buena evaluación ciudadana, en la demanda permanente de más servicios policiales, en el efecto comparativo con otras policías, en particular, de nuestro barrio. No tengo duda que la esencia de esa evaluación positiva permanece, pero tampoco dudo que sea indestructible, pase lo que pase.

Los hechos conocidos como "Pacogate", la seudo operación de inteligencia Huracán, y el reciente homicidio del comunero Camilo Catrillanca, nos convocan a correcciones profundas, so pena de desbastar en poco tiempo aquella visión positiva a que nos referíamos.

Nuestro país, como todos, ha debido enfrentar, paralelamente al crecimiento de la economía, un aumento de la actividad delictiva, de el sentimiento de inseguridad de las personas. Las medidas han sido múltiples, con éxitos y fracasos. Pero si hay que elegir, una que ha cruzado el último cuarto de siglo, ha sido el aumento del número de carabineros. Retengo en mi memoria que a fines de los ochenta, la planta de la policía uniformada era algo más de 20.000 funcionarios; hoy, los datos indican que el número se acerca a los 60.000. Ahí estuvo la apuesta fundamental, de todos los gobiernos postdictadura, lo que significó una inversión, con efectos permanentes, de marca mayor.

Cabe consignar que este crecimiento, sin punto de comparación en otro servicio público, no fue acompañado de modificaciones orgánicas. Salvo el cambio de dependencia acaecido el 2011 (de Defensa a Interior), no hubo modificaciones estructurales significativas que dieran cuenta de esta nueva realidad numérica.

Los gravísimos hechos acaecidos obligan a un esfuerzo destinado a evitar la repetición de conductas intolerables. Es cierto que el gobierno ha enviado a trámite legislativo algunas iniciativas, pero no se ha notado mucho sentido de urgencia en su discusión. Es cierto también que el Presidente mostró decisión a la hora de dar de baja a quien no renunció voluntariamente. pero dicha iniciativa y actitud no bastan. Es indispensable buscar alternativas que vayan al fondo del problema.

He leído en estos días tanto un editorial de este diario como declaraciones del senador José Miguel Insulza, que proponen como alternativa a debatir la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, de competencia exclusiva. Me inscribo entre los que siempre hemos sostenido esa tesis. Incluso creo que el 2011, cuando se agregó la función de seguridad al Ministerio del Interior se perdió una gran oportunidad de haber actuado en esa dirección.

El tema da para largo. En este espacio privilegiado, pero reducido, permítanme sostener que la seguridad, hoy, el bien más anhelado por la ciudadanía, da para competencia única de un ministerio, y no un agregado al del rol político. Sería del todo prudente estudiar esta alternativa con rigor; ver cómo lo hacen países con experiencia en estas materias. Es cierto que se trata de una cirugía mayor, que rompe con tradiciones, pero qué duda cabe que el enfermo requiere tomar decisiones ya.

Si la queja repetida de excesiva autonomía hubiere constituido un acicate, por cierto deplorable, a la comisión de conductas ilegales, encontraremos otro fundamento para impulsar la creación de una autoridad civil con competencia única ante las policías.