Ciudadanía, política y pandemias en el siglo XXI

Las múltiples movilizaciones ocurridas en Chile y en otras partes del mundo y pandemia por el coronavirus a nivel mundial, han puesto de manifiesto la relevancia de nuevas formas de ciudadanía que exigen de toda la institucionalidad política y gubernamental- un nuevo tipo de respuestas.

Tradicionalmente, la ciudadanía se ha definido a través de la participación de las personas en el espacio público, estando limitada por las fronteras de los Estados. Bajo esta premisa, serían los Estados quienes decretan las reglas de pertenencia de los ciudadanos y definen la participación política dentro de los marcos institucionales nacionales.

Esta definición tradicional ha sido desbordada por la realidad. Hoy es claro que la ciudadanía encarna responsabilidades de carácter mundial como el cuidado del medio ambiente, el respeto global de los derechos humanos y la responsabilidad para contribuir a enfrentar pandemias y epidemias que sobrepasan fronteras.

Esta nueva forma de ciudadanía demanda una conexión entre el mundo público y la vida privada, haciendo necesario que los ciudadanos cambiemos comportamientos de la vida privada para afrontar la crisis climática o el coronavirus, por ejemplo, redefiniendo nuestros patrones de consumo, uso y formas de reciclaje.

También parece central desarrollar la empatía hacia otros grupos como parte de las nuevas habilidades ciudadanas que requiere un mundo globalizado. En otros casos, la ciudadanía requiere conciencia de factores de cuidado de salud—como el uso de vacunas y la prevención del contagio de enfermedades—que si bien son aspectos de la vida privada impactan gravemente a la vida pública, tal como hemos presenciado en estos días.

En suma, la ciudadanía del siglo XXI conecta aspectos relacionados con el desarrollo personal de los individuos, las preferencias privadas y asuntos que son importantes para la vida en el planeta.

La institucionalidad política no parece haber captado con suficiente fuerza este cambio. Estas nuevas formas de ciudadanía exigen al sistema político mayores niveles de coherencia entre las acciones públicas y las acciones privadas. Declaraciones grandilocuentes sobre honorabilidad y respeto a la política y las figuras de autoridad sirven de poco si queda de manifiesto que políticos y partidos han actuado de forma deshonesta en el ámbito privado.

De poco sirven expresiones de autoridades que apunten en un sentido si es que la ciudadanía percibe o comprueba que el discurso político no se condice con las acciones de las autoridades en su vida privada. También la política se ha quedado atrás en comprender que entramos en una era que exige más transparencia y que, si los gobiernos no están dispuestos a darla, la ciudadanía la impulsará tanto de manera presencial como a través de redes sociales, desde múltiples formas, marcos y acciones. Estas nuevas exigencias podrían explicar la constante caída en la aceptación social que ha sufrido todo el espectro político.

Estamos en la transición a nuevas formas de ciudadanía que han desbordado la definición tradicional que permea la institucionalidad actual y que recién estamos comenzando a comprender. En toda esta incertidumbre, lo que sí aparece claramente es la exigencia de coherencia entre los dichos y los hechos en la vida pública y privada de ciudadanos y políticos.

Por ello, es necesario repensar la construcción de la ciudadanía como un desafío complejo y urgente de nuestra sociedad, lo que implica redefinir nuestro entendimiento de la democracia (más allá del voto) e incorporar el desarrollo de prácticas de vida en común democráticas, sustentables y respetuosas como aspectos centrales del ejercicio ciudadano. Un gran desafío para el proceso constituyente, para la educación y la sociedad local y global en su conjunto.

Ernesto Treviño, Director del CENTRE UC e investigador del Centro de Justicia Educacional UC, María Jesús Morel CEPPE UC y Cristóbal Villalobos CEPPE UC *