Clarificador respaldo a Admisión Justa

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La Ley de Aseguramiento de la Calidad, promulgada en 2011, establece la exigencia que los colegios "insuficientes" cierren si no logran salir de esa categoría.


Para la próxima semana se postergó la votación en sala de la idea de legislar el proyecto de ley denominado Admisión Justa, que tiene por objeto reintroducir el mérito académico como criterio para la selección escolar en los liceos de excelencia. Tras su rechazo en la Comisión de Educación, producto de la votación unánime de la oposición -desde la DC hasta el Frente Amplio-, ésta será la última oportunidad que tiene el gobierno para que el Congreso se abra al menos a discutir esta iniciativa.

En paralelo, esta semana se produjo un repentino llamado a la cordura por parte de los directores de los 11 liceos emblemáticos de la comuna de Santiago, quienes realizaron una declaración pública en la que manifestaron de manera categórica su apoyo al proyecto de Admisión Justa, así como su rechazo al nuevo sistema de selección escolar que se está implementando de forma gradual en el país, y que a fines de este año debiera comenzar a extenderse a la Región Metropolitana. Si bien el proyecto de ley de Admisión Justa fue presentado a principios de este año, es primera vez que aparecen los directores de los establecimientos involucrados haciendo un llamado frontal a aprobar esta iniciativa, lo que resulta especialmente clarificador en el actual estado del debate público.

En su declaración, éstos señalaron que el nuevo sistema de admisión que excluye el mérito atenta contra la "legítima libertad de elección que tienen padres y apoderados de adherir a un proyecto educativo específico, que responda a sus expectativas y proyecciones" y que "impide que el ingreso de estudiantes a un determinado liceo sea por la convicción de pertenecer a una comunidad educativa, con características y particularidades históricas, sociales y educativas".

Asimismo, manifiestan su preocupación en la medida que el no reconocimiento del esfuerzo y mérito escolar que supone el nuevo sistema y la consecutiva sustitución de éstos por el azar, termine debilitando las posibilidades de movilidad social que históricamente han caracterizado a los liceos emblemáticos del país.

Es difícil pasar por alto la irrupción de este grupo de directores en el debate que se está dando en el Congreso. La oposición y su mayoría parlamentaria, que hasta ahora se ha mantenido incólume en su afán de evitar siquiera discutir esta materia, debiera abrirse a atender las inquietudes presentadas. Ésta tiene en sus manos el poder de decidir si acoger o no este llamado de quienes -entre los hechos de violencia que protagonizan alumnos de sus liceos y la paralización de las clases que los aquejan- intentan asegurar la continuidad de estos proyectos educativos, que hasta hace tan solo algunos años constituían el orgullo de la educación pública.

Los cálculos políticos no debieran ser los elementos que primen y zanjen un debate que es perfectamente legítimo tener, y que hoy están exigiendo tanto los rectores de entidades emblemáticas, como las mismas familias y alumnos de esfuerzo que aspiran a la excelencia académica.

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