Clarificador rol del Banco Central

La ratificación de Mario Marcel al mando del instituto emisor es un reconocimiento al rol técnico que ha desempeñado la entidad, en contraste con el Congreso, preso del interés cortoplacista.



El Presidente de la República resolvió ayer confirmar al actual timonel del Banco Central, el economista Mario Marcel, para un nuevo período a cargo de la entidad, una medida que en general ha sido bien recibida por el sector político. Conforme se indicó desde el gobierno, la nominación de Marcel se ha hecho “en reconocimiento a sus valiosas contribuciones a la conducción de la política monetaria y a su aporte a las políticas macroeconómicas y al desarrollo económico del país”.

La medida no ha dejado de ser sorpresiva, pues tradicionalmente los gobiernos han optado por la política de la alternancia para nominar a quienes dirigen el instituto emisor; en tal sentido, el cargo habría correspondido en esta oportunidad a algún consejero ligado al oficialismo, pero el que se haya optado por Marcel -personero ligado a la centroizquierda- es una señal de que se busca reafirmar una conducción que ha velado por un quehacer técnico del Banco Central, lo que ha resultado crucial en momentos de tanta confusión en el Congreso y en el ambiente político general.

Marcel ha estado jugando un importante rol para convencer a los parlamentarios sobre la inconveniencia de continuar con los retiros de fondos previsionales, en cumplimiento del mandato institucional de velar por la estabilidad de los precios y del sistema financiero. La señal que subyace es que si el Congreso insiste en seguir con los retiros, entonces el Banco Central se verá en la necesidad de seguir incrementando la tasa de interés de referencia. En tal sentido, Marcel ha enviado una señal política que no pasó inadvertida, sin perjuicio de que puede haber diferentes apreciaciones sobre lo acertado o no de haber subido fuertemente la tasa en este momento.

Ya no cabe duda de que, en conjunto, los retiros de fondos, el gasto fiscal y un tipo de cambio elevado por la incertidumbre, potenciaron el nivel de gasto, produciendo una acelerada recuperación del nivel de producción local. Junto a ello, es también un hecho que a nivel internacional existen fuertes restricciones de oferta producto del enorme impulso fiscal derivado de la pandemia -lo que se refleja, por ejemplo, en una caída de los inventarios, o escasez de ciertos suministros esenciales, como chips-, todo lo cual ha reactivado las presiones inflacionarias, que para el caso chileno pronto podría estar duplicando el nivel objetivo de la política oficial.

En estas circunstancias, un nuevo retiro representaría combustible adicional para mantener un nivel de gasto insostenible, incompatible con estabilidad de precios. Más grave aún, dado que un nuevo retiro es una pésima política -que licúa los recursos previsionales afectando gravemente el futuro de las pensiones o la solvencia fiscal, y que ya ha conducido a elevar las tasas de interés de largo plazo y la profundidad del mercado de capitales- constituiría una fuerte evidencia de que el sistema político ha perdido su capacidad para conducir al país por caminos sostenibles de estabilidad, crecimiento y atención a demandas sociales.

Más allá del reconocimiento al presidente del Banco Central por clarificar la gravedad de la coyuntura que se enfrenta, y asumir el costo de oponerse a un proyecto que ya contó con apoyo mayoritario en la Cámara de Diputados, y que también tiene fuerte sustento en el Senado, resulta interesante contrastar que mientras una institución del Estado como es el Banco Central se esfuerza por corregir políticas profundamente erróneas, un número tan elevado de parlamentarios, contra todos los análisis relevantes, se mantenga irreductible en su promoción de tales políticas.

Ya se ha discutido que la real motivación de muchos parlamentarios para persistir en políticas altamente dañinas para el país, es su interés personal en lograr la reelección y con ella continuar gozando de una elevada dieta y de cuantiosas asignaciones parlamentarias que, casi sin limitaciones, pueden ser destinadas a financiar la actividad política que asegura la reelección. Si bien la reciente limitación a la reelección en cargos parlamentarios acota en algo -y posiblemente en forma ineficiente- los incentivos a “invertir” en la carrera parlamentaria, la exuberancia de los que subsisten parece capaz de explicar el masivo fenómeno de abandono parlamentario de los intereses del país, una vez que el primer retiro de fondos previsionales abrió el apetito ciudadano por consumir los ahorros previsionales acumulados.

Frente al extravío parlamentario, existe la institución del Banco Central constitucionalmente autónomo, en que los consejeros son designados por diez años, y pueden ser removidos solo por iniciativa del Presidente de la República, con apoyo del Senado, y cuando hayan incumplido sus deberes con consecuencias dañinas para la economía. Sin expectativas de reelección y protegidos de presiones políticas, los consejeros no tienen incentivos para subordinar sus obligaciones a intereses personales. Por el contrario, el beneficio posible de obtener es el prestigio personal asociado a un alto estándar de cumplimiento de sus deberes para con el país en el ámbito del manejo macroeconómico.

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