Columna de Ascanio Cavallo: El aspecto de cachivache



La Convención Constitucional terminó la segunda fase de su trabajo, que se presumía la más compleja. En realidad, ha sido tan compleja como la primera, aunque algunos opinan que aquella consumió más tiempo del conveniente en los pasos de instalación y discusión del reglamento.

La expectativa sobre un debate reglamentario más breve suponía que los convencionales elegidos tenían experiencia en el tipo de confrontaciones que se dan en un parlamento o en una comisión especializada. No era así. La mayoría de ellos fue elegida con el rótulo de independientes, una fórmula engañosa que a la postre significó que sólo eran independientes respecto de los partidos tradicionales. No lo eran en el sentido en que el pensamiento conservador suele entender la independencia, que es una cierta despolitización, como la que prevaleció en los primeros 10 años de gobiernos de la Concertación. Eran productos, más bien, de la politización creciente que se desarrolló en los siguientes 10 años de la misma coalición y que estalló como granada a partir del 2010. Estos independientes venían de ese intenso período de politización sin partidos, o fuera de ellos y contra ellos; no carecían de opiniones políticas, sino, al revés, las tenían en grado sumo, sólo que fuera o en contra de las instituciones.

La mayoría de estos independientes procedía de grupos movilizados en otras escalas, quizás menores o menos públicas, pero en ningún casi menos intensas. El debate del reglamento fue un adecuado enmascaramiento para una necesidad mucho más sentida en esos grupos: hacerse ver, notar, levantar la voz, incluso insultarse, como si ese fuese el modo de combatir toda hegemonía, política, social, intelectual, cultural. Se hallarán pocos reglamentos institucionales que contengan un acápite que señale entre los deberes de los miembros “tratarse unos a otros con consideración y respeto” (título II, párrafo 1°, artículo 23, numeral 11). Este, como otros de esos acápites, tiene un aire más religioso que político: parecen mandamientos, no normas jurídicas.

La mayor parte de la reivindicación identitaria que se desplegó en ese período, y que constituyó la base de discusión para la posterior presentación de normas, no fue un fenómeno local ni novedoso: todas estas afirmaciones vienen fastidiando a los partidos tradicionales en distintas partes del mundo, sin que siquiera sea claro si favorecen a la izquierda o a la derecha. Son la alteración de la política por la politización. Esa intromisión ha hecho que la palabra “progresismo” (tan asociada a hegemonías pasadas, el PS, el PPD, y tan extraordinariamente poco usada en la Convención) haya sido una de las primeras bajas y ya luzca -Borges dixit- ese aspecto de cachivache que tienen los cadáveres.

En esta segunda fase, la Convención tuvo la suerte de no sufrir un segundo caso Rojas Vade, que quizás hubiese sido letal. Pero se permitió toda clase de excentricidades, porque las ansiedades de la primera fase no se podían saciar sólo con un reglamento. Ese período es el que acabó ayer. Mañana se conocerá el texto que será entregado a las últimas tres comisiones en las que la Convención vivirá sus últimos días, hasta el 5 de julio, comisiones en las que se deposita una expectativa acaso desmedida de perfeccionamiento. Cada fase ha sido menor que la anterior, como un juego de muñecas rusas… o como fue, también, la tramitación de 1980 y la del 2005. Tampoco en esto se ha inventado la rueda.

¿Cumplió la Convención con las expectativas? Es muy difícil responder a esto: primero, porque es probable que haya tantas expectativas diferentes como grupos de intereses parciales se han descubierto en el país; segundo, porque no se conoce el texto terminado, ni menos el final, y tercero, porque la única verdadera ocasión para disipar la duda ocurrirá en cuatro meses más.

Lo que no cumplió son ciertos estándares que los convencionales podrán, si quieren, llamar accesorios. Por ejemplo, el deber de síntesis que es inherente a todo artefacto lingüístico: el texto que se entregará mañana es el más largo de América Latina y de gran parte del mundo. Tampoco con la accesibilidad, que supone no sólo que las oraciones sean claras, sino que tengan coherencia recíproca (la Corte Suprema hizo una severa cantidad de observaciones de este tipo). Tampoco con el propósito de transparencia deliberativa: normas rechazadas varias veces fueron presentadas de nuevo a través de otra comisión, una truculencia que hasta la supuesta sede de la trampa legislativa, el Congreso, consideraría antiestética.

En círculos proclives al gobierno se ha ido instalando, además, la consigna de que cuanto antes desaparezcan los convencionales de la vista pública, mejores son las posibilidades de que el texto final sea aprobado. Esa tesis supone que ese texto será superior a las veleidades de las personas que lo prepararon; o, en su línea inferior, que el bienestar del gobierno depende de que la población se olvide de la elaboración de la nueva Constitución.

Esto no ha de ser muy halagüeño para los convencionales. No hay duda de que preferirían pasar a la historia en un papel más noble que el de cachivaches que es explícito en esta idea. Pero si así se plantean las cosas, la mayor expectativa no cumplida sería la propia calidad de los convencionales, que la democracia, representativa, corregida, proporcional, y con asientos reservados, debería haber garantizado. Si no fue así, si la democracia no dio con ese resultado, todo el proceso sería un cachivache. Toda una teoría social estaría frente a un desgarrador riesgo de iniquidad.

Las cosas serán más complejas. Para bien o para mal, de la Convención se hablará todavía por muchos, muchos años.

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