Columna de Ascanio Cavallo: Los sueños y los escombros

El Presidente ha perdido totalmente el control de sus parlamentarios. No hubo que esperar al período electoral para que se produjera ese fenómeno, aunque es evidente que la temporada de caza de los candidatos a las numerosas elecciones del 2021 ya se ha abierto.



Una cosa es segura: el candidato Sebastián Piñera no creyó nunca, ni en sus peores sueños, que antes de cumplir su tercer año como Presidente se vería abandonado hasta por los personajes menos volátiles de su coalición. Esto ya viene pasando hace tiempo, pero son muchos en el propio gobierno los que piensan que la estocada final ha sido la votación en favor de un segundo retiro del 10% de los fondos previsionales depositados en el sistema de AFP.

En un universo paralelo y ordenado, el retiro de estos fondos sería una política de derecha, porque saca del bolsillo de los ciudadanos parte del dinero para cubrir la crisis económica derivada de la pandemia. Este sería, para decirlo de otra manera, como un sueño thatcheriano. Pero en el mundo dislocado de la segunda administración Piñera, con una reforma de pensiones paralizada por años, muchos de esos ciudadanos pensaban que sus fondos estaban secuestrados por las AFP y, por lo tanto, retirarlos era casi un acto de justicia.

Desde el punto de vista doctrinario, el retiro sólo se convierte en una política de izquierda para quien tiene claro que el propósito ha de ser la destrucción del sistema de las AFP. Y un poco más a la izquierda aún, si la finalidad última es desestabilizar al sistema financiero, hasta el grado de que el Estado -pero no el actual, sino uno futuro- deba intervenirlo.

En estos últimos dos casos, es una medida de fuerte consistencia con un programa de izquierda e indiscutiblemente anticapitalista. Entonces, ¿por qué han votado por ello los procapitalistas parlamentarios del oficialismo? Descontar a los que no entienden mucho. Entre los que quedan, algunos lo han hecho porque han sentido que el gobierno no les deja otra respuesta ante sus electores, o incluso sólo ante sus pares del Congreso, ese micromundo del edificio porteño. Las aflicciones del desempleo y la inactividad no han sido, a su juicio, afrontadas con la energía y la rapidez que se requerían.

Lo que esta semana sembró el desconcierto y la desafección en Valparaíso fue la parálisis de La Moneda ante la segunda oleada sobre las AFP. Este percibido inmovilismo era, al parecer, el producto de una duda táctica: el gobierno temía que una intervención suya podría ser peor. La catástrofe se le produjo igual, y ahora se debate en un desgarro estratégico, el de apelar al Tribunal Constitucional con el fin de cautelar, más que el segundo 10%, las facultades exclusivas del Presidente en materias de gasto fiscal. Pero este es un asunto doblemente delicado, no sólo porque ese tribunal está en una situación nada edificante (en gran medida gracias al propio gobierno), sino porque tendría que ir en contra de una mayoría sólidamente integrada por sus propios parlamentarios.

En la prehistoria de la insurrección parlamentaria, cuando Adolfo Zaldívar votó por asignarle un peso al presupuesto del Transantiago, la Presidenta Michelle Bachelet pudo contar al menos con que la DC expulsaría al senador vuelto contra el gobierno, como ocurrió. Pero la DC quedó herida sin remedio y el Transantiago no se salvó de nada. Ahora ni siquiera se divisa en RN, la UDI o Evópoli alguna voluntad de sancionar a sus parlamentarios directamente alzados contra La Moneda.

El Presidente ha perdido totalmente el control de sus parlamentarios. No hubo que esperar al período electoral para que se produjera ese fenómeno, aunque es evidente que la temporada de caza de los candidatos a las numerosas elecciones del 2021 ya se ha abierto.

Y, en estas condiciones, ¿por qué debería defender este gobierno la facultad del gasto fiscal, si son los ciudadanos los que están sacando sus propios ahorros? La razón para hacerlo es que los 3,9 millones de personas que quedarán sin nada de ahorro significarán una nueva carga sobre el Estado; la razón para no hacerlo es que la mayor parte de ese problema se producirá en el futuro, más allá de este gobierno. La razón para hacerlo es el intento de poner freno a la ronda de proyectos parlamentarios. La razón para no hacerlo es evitar una provocación contra los parlamentarios. Por un lado sí, por el otro no.

Cualquiera sea su opción final, lo que no está en duda es que esa vieja idea de que los parlamentarios oficialistas son como los centuriones del Presidente y los cancerberos de su programa se ha derrumbado en forma estrepitosa. Casi todo lo que pretendía ese programa yace entre los escombros de la lealtad al Presidente.

Lo que le queda por delante, en forma cada vez más cruda, es impulsar la reactivación de la actividad económica, reducir al mínimo posible los contagios por Covid-19 y apresurarse en comprar los millones de dosis de la vacuna, que ya configuran la principal disputa del mercado internacional y que le aseguran -se puede apostar- una nueva ronda de acusaciones por parte de sus adversarios más encarnizados.

A veces el destino son los sueños vueltos pesadillas.

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