En una reciente columna en este medio, con un título propio del cancionero de Shakira, el periodista Ascanio Cavallo describe con crudeza la situación de seguridad en Chile, planteando que “el gobierno de Boric parece estar en un período de negación, derivado en parte de sus prejuicios ideológicos, en parte del temor a excederse y en parte de su debilidad institucional.”
Si fuera cierta esa situación, estaríamos con un Ejecutivo que prefiere estar ciego, sordo y mudo que afrontar el más grave problema, según la opinión pública y, probablemente, un factor de decisión de los electores en la campaña que viene. ¿Será tan así?
En los inicios del gobierno había una doctrina pueril respecto a que los problemas de violencia se resolvían con diálogo y no aplicando el Estado de Derecho. Un buen símbolo de esa filosofía fue el viaje a Temucuicui de la ministra Siches a dialogar con la comunidad. Parte también de dicho pensamiento mágico lo eran las plegarias para reformar la policía que repetían varios del oficialismo en esos meses anteriores al plebiscito de septiembre de 2022.
Dicho acto no fue solo un balde de agua fría al pensamiento reformador, sino que cambió completamente el eje de la discusión pública. El error de llamar a otra elección hizo tentadora la estrategia de cobrarle al oficialismo esa manera de enfrentar la delincuencia, asunto que dio resultados en la elección de consejeros de 2023. Pero el poder de fuego de las bandas, la existencia del Tren de Aragua, los secuestros y otra serie de delitos nuevos ocurrieron mucho antes de los eventos electorales y responden a factores externos: el debilitamiento de carabineros por los casos de corrupción, el pacto tipo “marielitos” del régimen de Maduro con sus grupos mafiosos, el estallido social y la crisis económica debido al fin de la pandemia. El fenómeno no ocurre solamente en Chile, sino en otros países de América Latina donde la peligrosidad era baja, como lo son los casos de Ecuador, Uruguay y Argentina.
El gobierno ha cambiado su filosofía, pero no ha logrado todos los cambios institucionales necesarios, debido a las dificultades en el Congreso debido muchas veces a la oposición del propio oficialismo, como hizo ver en una entrevista radial el diputado Guillermo Ramírez. Logró aprobar la principal petición de la oposición: la ley Naim-Retamal, que supuestamente iba a darle más poder de fuego a la policía, y con ello mayor control de las bandas. Las estadísticas muestran que en efecto hay una mayor cantidad de detenidos. Pero no parece ser suficiente en materia comunicacional, pues se ha instalado una especie de contador de homicidios, similar al que ocurre en la película Tropa de Elite, donde existía la “cuenta del Papa” para referirse a los muertos en los días previos a la visita del Papa a Río de Janeiro.
Esta cuenta es peligrosa y termina enredando más las soluciones en el tema. La migración ilegal, el poder de fuego de las bandas y las dificultades de las policías no van a ser resueltas por el solo hecho que cambie el color del gobierno, sino con acuerdos transversales y duraderos en el tiempo. De la misma manera que nos volvimos un país más vulnerable con relación a nuestros recursos hídricos, lo somos en materia de seguridad ciudadana, debido a un mundo que cambió. Todo lo que sea contar homicidios, o cobrarle cuentas al gobierno de turno es mucho más peligroso para la democracia que el propio aumento de la criminalidad.
Por Carlos Correa Bau, ingeniero civil industrial, MBA.
