El pacto fiscal para el desarrollo propuesto por el gobierno va más allá de la reforma tributaria en discusión, no solo porque propone abarcar la asignación de los recursos recaudados, sino también los principios fundamentales que rijan nuestro sistema tributario para esta y futuras modificaciones y reformas.
En principio, el gobierno plantea que este pacto podría eventualmente incluir criterios para que las medidas incentiven el crecimiento y la inversión, una mayor eficiencia en el gasto público, una modernización del Estado, criterios para el funcionamiento de las políticas sociales (PGU, reducción de listas de espera para atenciones y tratamientos médicos, inversión en seguridad), mayor progresividad y justicia del sistema tributario, y los modos de ejecución del gasto fiscal (programas mal evaluados, personal y dotación de reparticiones públicas, y gestión financiera del Estado).
La propuesta de elaborar un conjunto de puntos de acuerdo sobre criterios y principios de largo plazo que guíen esta reforma tributaria, y futuros cambios, abre una posibilidad de encuentro y compromisos que, en un dar y recibir, tanto del gobierno como de los empresarios, establezcan las bases de una mejor política fiscal en el futuro. Las empresas son la locomotora de la economía. Ellas toman las decisiones de inversión y aumentos de la capacidad productiva y de la producción, lo que trae aparejados mayor contratación, mayores remuneraciones, mayor crecimiento económico y mejores perspectivas de los niveles de vida.
Una reforma tributaria que permita recaudar los recursos para continuar en un mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos y sectores vulnerables, claramente tiene el costo explícito de mayores impuestos, que en principio son adversos a los incentivos a invertir por parte de las empresas, pues reducen el retorno neto de impuestos de la inversión. Sin embargo, también tiene el beneficio de que podría reducir la incertidumbre social, política e institucional que hemos vivido desde octubre de 2019, lo que podría contribuir de manera importante a un clima más favorable a la actividad empresarial y a aumentar los incentivos a la inversión.
Un pacto o acuerdo parecido en su espíritu es lo que ocurrió en el pacto social, que se estableció hace ya más de 30 años atrás en nuestro país, cuando la particular situación histórica de la transición a la democracia, junto a la determinación de mirar hacia el largo plazo e implementar reformas que trascendieran al gobierno, llevó a importantes acuerdos políticos, con los trabajadores y empresarios, que permitieron establecer, entre otras reformas, un Código del Trabajo, reformas previsionales y un seguro de desempleo más apropiados para lo que requería nuestra economía y nuestra sociedad en ese momento.
Ojalá que ese sentido de urgencia nacional, de que ya no podemos esperar y que la situación en la que estamos requiere modernizaciones y definiciones, que de paso también despejen la incertidumbre, nos lleve esta vez, así como aquella, a un acuerdo que contribuya a estabilizar las reglas del juego tributario y fiscal en una mirada de largo plazo, que contribuyan a una mayor prosperidad y desarrollo.
Por Cristián Echeverría, docente investigador Centro de Investigación Empresa y Sociedad UDD
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