La pretensión de refundar nuestro país ha sido incuestionablemente descartada por el pueblo de Chile. Así lo confirman tanto el Rechazo del 4 de septiembre pasado como la composición del nuevo Consejo Constitucional, ambas elecciones revestidas de una alta legitimidad gracias a una abrumadora participación ciudadana producida por la necesaria reposición del voto obligatorio.
Sin perjuicio del modo en que quedó integrado el Consejo Constitucional y su sorprendente mayoría republicana (la magnitud de su victoria no la esperaba ni el más optimista de sus filas), y más allá de que los resultados del día domingo confirman que los cambios que se necesitan en Chile deben ser hechos desde una continuidad que respete nuestras tradiciones, el desafío que viene ahora es mayúsculo.
Si los resultados de ayer dan esperanza a quienes temían que el octubrismo tuviera alguna chance de renacer, lo que toca ahora es evitar incurrir en los errores de la Convención fallida que pavimentaron el Rechazo del 62%. Y aunque dicho resultado nos salvó de una hecatombe, no puede pensarse como una bala de plata, que mágicamente solucionará nuestros complejos problemas de gobernabilidad, polarización, déficit de desarrollo y las gravísimas dificultades que tiene nuestro sistema político.
En esa línea, tiene sentido abocarse a fortalecer el proceso en curso, generando un texto técnicamente serio y coherente con las inquietudes ciudadanas, que permitan hacer un llamado transversal a su aprobación en diciembre. Lo anterior no es un sueño utópico, pues ya contamos con elementos que nos permiten distanciarnos del proceso anterior. Por una parte, contamos con ciertas garantías objetivas, como lo son la Comisión Experta y las 12 bases institucionales respaldadas por un Comité Técnico de árbitros. Por otro lado, los resultados también tranquilizan a todos aquellos que temían que volviéramos a una Convención 2.0.
Pero el escenario está cuesta arriba, pues es inverso al proceso fallido. Si antes las expectativas eran muy altas y terminaron por ser defraudadas, ahora el optimismo es bajo, la desinformación es gigantesca, y la conexión vital y sentido de pertenencias de la ciudadanía con el proceso son cercanos a cero. Cuenta de ello dan las encuestas que arrojan que “En Contra” (el nuevo “Rechazo” de diciembre de 2023) estaría imponiéndose aun antes de conocer el anteproyecto.
En la tarea de conquistar confianzas, y conectado con lo anterior, la siguiente tarea le corresponde a la Comisión Experta, que tiene un trabajo fundamental en este mes que le resta para presentar su propuesta de anteproyecto. Dado que parte importante de cerrar bien el capítulo constitucional exige un esfuerzo especial en evitar incurrir en la mezquindad de construir impositivamente un texto de unos contra otros, el anteproyecto de la Comisión Experta —dada la integración de sus miembros y el ánimo colaborativo que han mostrado a la fecha— puede allanar dicho camino, ofreciendo un texto transversal, de mínimos comunes y representativo de las grandes mayorías de Chile. La tarea, en simple, consiste en hacer difícil que los consejeros recién electos opten por hacer modificaciones sustantivas del anteproyecto.
El ánimo de polarización y de las retroexcavadoras tiene que acabarse en algún momento. La construcción de una Constitución es un momento singularmente apropiado para hacerlo. La “era de los péndulos” debe dar paso a la “era de las reformas”, desde una Constitución legitimada, que nos permita superar tanto los ánimos obstruccionistas que nos impiden avanzar, como los refundacionales que reniegan de todos los avances que, con esfuerzo y no pocas dificultades, nos han permitido progresar (como nunca en nuestra historia) en los últimos 30 años.
Por Cristián Stewart, director ejecutivo de IdeaPaís
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