Columna de Francisca Minassian: La participación ciudadana y sus desafíos en el nuevo proceso constitucional

El nuevo proceso constitucional en Chile no puede olvidar que surge de un mandato popular. Por ello, no solo basta con el rol experto, sino también debe considerar un ordenamiento y modelo que den espacio preponderante a la participación ciudadana, de modo que los asuntos públicos que afectan a la ciudadanía, como la salud, las pensiones o el acceso al agua, no sean pospuestos por parte de los y las representantes.

Sin embargo, a pesar de que el nuevo proceso contempla cuatro mecanismos de participación ciudadana —que serán coordinados por las universidades de Chile y Católica a través de la Secretaría Ejecutiva de Participación Ciudadana— su diseño tiene tiempos muy acotados, lo que presenta un gran desafío para asegurar una participación inclusiva e incidente.

Vale la pena destacar que el proceso constituyente anterior contempló doce herramientas de participación ciudadana y una de las más relevantes fue la Iniciativa Popular de Norma (IPN), que alcanzó una participación muy masiva. Casi un millón de personas entregó su apoyo a alguna de las más de seis mil propuestas ingresadas por la ciudadanía, lo que se materializó en 78 iniciativas que ingresaron al debate de la Convención Constitucional, tras alcanzar las 15.000 firmas requeridas.

Este nuevo itinerario constitucional también contemplará la IPN, en donde la ciudadanía podrá realizar propuestas para suprimir, sustituir, modificar o adicionar artículos del anteproyecto redactado por la Comisión Experta. Si bien aún no se conoce en detalle cómo funcionará este mecanismo, sí se sabe que el período que tendrá la ciudadanía para elaborar propuestas, esperar su admisibilidad y activar la recolección de firmas será sólo un mes (junio). Los otros tres mecanismos establecidos —audiencias públicas, diálogos y consultas ciudadanas— tendrán la misma duración. Es decir, 30 días para ejecutar toda la participación ciudadana del proceso constitucional.

Por lo tanto, la participación ciudadana, y en particular la IPN, se ve presionada por plazos muy acotados y exige conocer y comprender previamente el texto del anteproyecto —el cual estará listo justo antes de que se activen los mecanismos participativos— para poder elaborar propuestas de enmienda a sus artículos.

De esta manera, para volver a tener una participación amplia con las IPN, se requiere un esfuerzo especial. En primer lugar, contar con plazos razonables para la difusión del anteproyecto e insumos y asesoría técnica para la elaboración de propuestas. Luego, que el formulario de ingreso de propuestas no exija un lenguaje excesivamente técnico. También es relevante que se considere la figura de un Comité Promotor de cada propuesta para representarlas ante el pleno del Consejo Constitucional, así como la transparencia de las fuentes de financiamiento de cada propuesta. Y por último, un sistema de trazabilidad y devolución para las personas y organizaciones que ingresen iniciativas, lo que fue una de las grandes deudas del proceso anterior.

Desde Fundación Ciudadanía Inteligente estaremos apoyando a la sociedad civil a participar y hacerse parte activa de este nuevo proceso, porque creemos que el fortalecimiento de la democracia y la legitimidad del debate constitucional dependerá de la capacidad que tengamos como ciudadanía de conectarnos con las decisiones que van a determinar el devenir social, económico y ambiental del país.

Por Francisca Minassian, coordinadora de contenidos, Fundación Ciudadanía Inteligente