Columna de Héctor Soto: La democracia en aprietos

Un grupo de convencionales celebra la redacción del documento donde piden agilizar el proyecto de indulto a los denominados “detenidos de la revuelta” e incorporar a presos mapuches desde 2001.



A dos semanas de la instalación de la Convención Constituyente se hace cada vez más nítido que, cuando hablamos de democracia, no todos los chilenos estamos entendiendo lo mismo. La presión que ha comenzado a ejercer la extrema izquierda no solo sobre la convención, sino también sobre cualquier instancia que huela a poder pone al desnudo la presunta lealtad de ese sector con los ideales del sistema democrático.

Si hay algo que la modernidad en las últimas décadas ha descubierto, con rubor y también con escándalo, es que la democracia puede ser traicionada sin mayor problema a través del uso deliberadamente abusivo de las propias instituciones del sistema democrático. Experiencias a este respecto hay muchas y no es necesario entrar en muchos detalles para comprobar cómo Venezuela, Hungría, Polonia o Turquía, que fueron democracias liberales razonablemente acreditadas en algún momento, se transformaron luego en autocracias o en francas dictaduras, sin vulnerar aparentemente las normas respecto del gobierno de las mayorías ni tampoco el principio de la división de los poderes del Estado. ¿Cómo es que eso fue posible? Básicamente, por la vía de ir copando las instituciones con gente funcional a los propósitos oficialistas: los tribunales de justicia, los medios, las cortes constitucionales, la justicia electoral, las fiscalías, los organismos intermedios, los mandos policiales y militares. A veces unos primero y otros después. A veces por las buenas y a veces por las malas. Desde luego, las movilizaciones sociales, los disturbios callejeros y las funas también ayudan. Pero son un complemento de la estrategia de guerra que va de fondo. Será a veces un camino más largo que al asalto fulminante al poder, pero a efectos de la lógica autoritaria puede ser tanto o más efectivo.

Este es quizás el mayor riesgo que hoy enfrenta el país. Sin ir más lejos, es la tentación que tiene ante sí la mayoría de la convención, como lo mostró la vergonzosa declaración emitida la semana pasada, donde se demanda a los poderes del Estado acelerar la tramitación de los proyectos de amnistía e indultos en favor de inculpados y condenados por delitos cometidos en el marco de la revuelta social, además de reclamar, entre otras exigencias, un manto de impunidad sobre los responsables de cientos de atentados asociados al conflicto mapuche en los últimos 20 años. Esa declaración, fundada en la ficción de que en Chile existen presos políticos, contó con el auspicio de 105 convencionales. Una mayoría aplastante. Por lo bajo, cabe preguntar cuántos de ellos la suscribieron a regañadientes, sea porque se sintieron física o moralmente amenazados o porque, para no comprarse problemas, prefirieron invisibilizarse en la manada.

Es cierto que Chile es todavía un Estado de Derecho y que no todos los mecanismos democráticos están distorsionados o pervertidos. Sin embargo, hay sectores que están presionando sin tregua en esta dirección y que son expertos en el tema, partiendo por el PC y por otros grupos radicalizados que se foguearon en la política universitaria ultrista, en la gestión del asambleísmo continuo y en la práctica de marginar del juego político -por la fuerza, por secretaría o por cansancio- a esas mayorías indiferentes que no votan y al final prefieren no participar. El interés por reinstalar estas prácticas en la convención -mezcladas, para complicar más las cosas, con prioridades de género, de etnias, de identidades o de territorios, es evidente. Es dudoso que de estos procedimientos faciliten la deliberación racional, que es lo que se sigue echando de menos. La ciudadanía espera debates, argumentos, experiencia y juicios serenos y equilibrados.

Por otro lado, más que dudoso, es inaceptable que algunos convencionales sigan no solo legitimando la violencia de la revuelta, sino también agradeciéndola y recomendándola. Estas desviaciones son impresentables en función del acuerdo del 15 de noviembre de 2019, que fue precisamente la fórmula institucional que se convino para bloquear la violencia. En este sentido, es sin lugar a dudas meritorio que esta semana uno de los convencionales se haya retractado de sus dichos matonescos. Aun así, sin embargo, es de temer que su exabrupto haya descrito de cuerpo entero la primera pulsión de un amplio sector.

Hasta aquí nadie diría que el Frente Amplio, el gran ganador al momento en que la mesa de la convención se instaló, está rindiendo un testimonio convincente de gobernabilidad democrática. El balance dista mucho de ser satisfactorio o tranquilizador. Lo cual es doblemente lamentable justo el día en que Gabriel Boric se medirá en una primaria con el candidato presidencial del PC. En particular en los últimos días, y luego de un inicio de campaña que hizo pensar que él y Jadue eran figuras completamente intercambiables, el diputado por Magallanes ha estado marcando diferencias de fondo y forma con su contendor en varios temas. Cuba no es el único. Si van a ser suficientes o no esas puntualizaciones para movilizar en proporciones contundentes el voto de los jóvenes, que es donde el Frente Amplio tiene más apoyo, es todavía una incógnita. Y si le va mal significa que se necesitará bastante más que una campaña comedida, ingeniosa y juvenil como la de Boric para enfrentar en las urnas la maquinaria pesada de la orgánica comunista

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