A Alicia: “Tu país debe ser algo lento. Aquí, tienes que correr a toda velocidad para poder permanecer en el mismo lugar”. En Isapres, la prima que cada cotizante paga suma el precio base de cada plan, la tabla de factores (que ajusta el precio de acuerdo a la edad de los afiliados y las cargas), y la cobertura AUGE. Desde agosto del año pasado, frente a reclamaciones, la Tercera Sala de la Corte Suprema dispuso que cada uno de estos precios tendrá un máximo definido por la autoridad y ha señalado que los valores cobrados sobre los topes definidos deberán devolverse como excedentes. Además, definió que el efecto de estas sentencias es general, para quienes reclamaron como para quienes no, dándoles a los primeros una representación de acción colectiva.
La devolución del exceso para el precio base ya ocurrió, sin reclamos. Respecto al exceso cobrado por tabla de factores, se instruyó a la Superintendencia de Salud materializar la devolución universal, que se estima en US$ 1.400 millones. A pesar de que se obliga a la Superintendencia a instruir las devoluciones en la forma y montos que estime convenientes, el gobierno prefirió desplazar la responsabilidad de esta definición al Congreso, mediante una “ley corta de Isapres”. Cumplido el primer plazo definido por la Corte, no existía tal ley y se solicitó una prórroga de seis meses, que la Tercera Sala aprobó incluyendo cierto reproche. Ahora se sabe que aún no hay proyecto, por lo cual el único habilitado, el superintendente, se apresta a solicitar una nueva prórroga, con destino incierto. Políticamente, el manejo del Ejecutivo ha sido brillante, al entregar a la Comisión de Salud del Senado este conflicto y permitir a la Superintendencia desentenderse.
Parece un baile de máscaras. Y la demora no es inocente. Mantiene incertidumbre y arriesga la integralidad del sistema de salud, público más privado, haciendo que los más vulnerables engrosen listas de espera históricas, quienes tienen una indicación de cirugía no resuelta alcancen a los 320 mil pacientes, que hacia fin de año los fallecidos en alguna espera superen las 40.000 personas, trabajadores de la salud pierdan su empleo, y no haya nueva inversión pública o privada en infraestructura.
Mientras, las Isapres dejan de vender planes antiguos y preparan nuevos con nuevos precios base, más elevados, para compensar la caída de los otros dos factores de la prima. Las compañías de seguros complementarios de salud presentan nuevos productos para mejorar las coberturas de los beneficiarios de Fonasa, y señalan que la modalidad sugerida por el asegurador público es “inviable”.
Bochornoso. Y como un déjà vu, esta inercia provocará un nuevo tsunami de judicialización, en el que las personas reclamarán que se cumpla lo mandado. No hay tiempo. Urge aumentar para el 2024 el presupuesto para resolver las angustiosas esperas, y formalizar que lo que las Isapres deban devolver, bien calculado, se haga solo mediante excedentes en UF para uso de prestaciones de salud, por un período prolongado. Después, el mandato constitucional dirá.
Por Jaime Mañalich, médico
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