La Estrategia Nacional del Litio, anunciada la noche del jueves 20 de abril, consigna que el salto en la demanda y en los precios, conjugado con nuestras generosas reservas, “nos llaman a actuar con sentido de urgencia”.
Concuerdo respecto al sentido de urgencia. Por desgracia, los hechos no honran las palabras. Aun cuando a lo largo de 2022 fuimos testigos de un rally de precios que no estaba en los libros ni del más optimista, las autoridades dejaron que transcurriera más de un año sin anuncios respecto a nuestra fosilizada legislación litífera. Cuando finalmente se pronunciaron ya habían tarjado un 28% de su periodo. Semejante dilación sería una falta solo venial si lo presentado hubiese sido una política detallada, acompañada de un proyecto de ley ya redactado (necesario al menos para crear la Empresa Nacional del Litio). No fue así. Solo conocimos un documento con lineamientos generales. Transcurridos más de dos semanas (ya vamos en el 28% del gobierno) el Congreso aún no avista señales de vida desde la Segpres.
El timonel de Corfo ya sinceró que, contrario al sentido de urgencia proclamado por el Presidente, debemos seguir cultivando la virtud cardinal de la paciencia. Señaló que las proclamas de abril configuran solo una estrategia. Todas esas precisiones que los interesados requieren para avanzar vendrán “dentro de este año” con la política. Así las cosas, podría cumplirse casi la mitad del gobierno para recién anunciar el instrumento e iniciar el siempre tortuoso y rara vez expedito peregrinaje legislativo.
¿Qué se debe precisar para despejar la incertidumbre y aprovechar aunque sea la cola del boom en salares distintos al de Atacama? Muchísimas definiciones. Las más importantes, a mi juicio, son tres.
Primero, despejar la afirmación del ministro Marcel dos días después del anuncio de que la cacareada participación estatal mayoritaria no aplicará a todos los sales, sino solo a un subconjunto considerados “estratégicos” (aquel manoseado concepto que sugiere que maquinan diez jugadas de adelanto en el ajedrez mineralógico). Esta aseveración es directamente contradictoria con la información original, que explicita la participación de “representantes del Estado, buscando siempre el control mayoritario”. Sería una excelente noticia que primara la primicia de Marcel. ¿Quizás solo Atacama y Maricunga considerados “estratégicos”?
Segundo, aclarar cómo se concreta el “control mayoritario”, ya sea en todos los salares (información original) o solo en un subconjunto (primicia de Marcel). ¿Propiedad? ¿Control de la gestión? ¿Ambos? Hay muchos modelos de gobernanza. Por ejemplo, hubo una época en la que Codelco poseía dos tercios de Termoeléctrica Tocopilla, pero Suez-Tractebel, su socio privado, administraba el negocio.
Tercero, una vez conocida la estructura de propiedad es imprescindible conocer los aportes al Fisco. La tentación obvia es replicar el modelo SQM, que en 2022 entregó un suculento vendaval, pero hay que poner paños fríos. Ese maná no es replicable. Primero, porque el Salar de Atacama es un unicornio geológico como no hay otro. Segundo, porque esa empresa ya tenía sus inversiones amortizadas cuando comenzó a regir el nuevo contrato en 2018. Un nuevo interesado que parte de cero no podrá solventar el costo de capital y una mochila así de pesada en un salar de condiciones no tan espectaculares.
Son solo tres de muchas interrogantes. Es mucho más lo que necesitamos aclarar. Cuando antes lo hagamos, menos será el despilfarro.
Joaquín Barañao, Pivotes
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