Experto constitucional: deje jugar y no se lleve la pelota para la casa



Tras casi 100 días de intensas negociaciones entre los partidos políticos y una rápida tramitación en el Congreso, se publicó la reforma constitucional que establece un nuevo proceso constituyente (Ley 21.533). Se trata de una noticia que merece ser celebrada, pues se acordó un mecanismo que, aunque discutible en ciertos aspectos, contempla incentivos para alcanzar acuerdos políticos y mitiga en parte algunos de los problemas de diseño que afectaron el trabajo y resultado de la Convención Constitucional.

Pese a este triunfo de la buena política, el éxito del nuevo proceso -qué duda cabe- no está garantizado. Es por ello que es de vital importancia identificar a tiempo cuáles podrían ser las causas que dificulten que lleguemos a buen puerto. En primera instancia, naturalmente, debemos centrar nuestra atención en el rol que tendrá la denominada Comisión Experta.

Esta Comisión Experta, integrada por 24 personas escogidas por el Congreso, no solo se encargará de la redacción de un anteproyecto de nueva Constitución. Sus atribuciones, de hecho, son mayores: tendrá derecho a voz en el Consejo Constitucional, podrá elaborar informes con observaciones para perfeccionar normas e incluso tendrá un rol protagónico en la eventual Comisión Mixta encargada de zanjar las discusiones más controversiales.

Así las cosas, la elección de los expertos que conformarán este órgano resulta trascendental. Atendido el diseño y la naturaleza del proceso, y considerando también las lecciones que nos dejó la fracasada Convención Constitucional, los parlamentarios deben ser especialmente responsables en escoger expertos que no solo den garantías de conocimiento teórico y práctico, sino que también privilegien el trabajo colaborativo y la sobriedad.

En efecto, los expertos constitucionales deben “dejar jugar” a los integrantes electos del Consejo Constitucional (debiendo, por tanto, consensuar un anteproyecto minimalista y sobrio que facilite y promueva la deliberación entre los consejeros electos). “Llevarse la pelota para la casa” y terminar el partido antes de tiempo, como ocurre con los celosos dueños de las pelotas de fútbol en la época escolar, sería un grave error que podría poner en jaque el éxito de esta nueva -y seguramente última- oportunidad.

En definitiva, al menos en esta primera etapa, se requieren expertos constitucionales prudentes, que eviten polémicas innecesarias y que sean conscientes de la fragilidad de este nuevo proceso. En concreto, necesitamos expertos que aporten con su expertise en todo momento, pero que en caso alguno impongan al Consejo Constitucional sus principios y definiciones particulares.

Hoy son los parlamentarios y partidos políticos quienes tienen -prestada, por cierto- la pelota. Esperemos que, frente a esta vital elección de expertos, la usen como corresponde: pensando en el éxito de largo plazo de este equipo llamado Chile.

Por John Henríquez, coordinador Proyecto Constitucional Faro UDD

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