El Ministerio de Hacienda dio a conocer los ajustes que busca hacer al proyecto de royalty minero que actualmente se discute en la Comisión de Hacienda del Senado. Concretamente, el ministro Mario Marcel sostuvo que la idea es establecer una carga tributaria potencial máxima de 48% para las mineras sobre la rentabilidad operacional, considerando conjuntamente el royalty, el impuesto de primera categoría y los impuestos finales (impuesto adicional) que hubiese correspondido pagar si los accionistas distribuyen un 100% de las utilidades.
Si hacemos caso a las cifras que ha presentado el propio ministro, para este aumento al 48% tenemos como referencia que el gobierno ha sostenido que la tasa efectiva actual es del orden del 33% (los estudios de la industria dicen, en todo caso, que es en torno al 38%).
Esta sola modificación sugiere que el Ejecutivo no está convencido de que este proyecto, en su redacción actual, sea de beneficio para Chile o, al menos, reconoce que debe ser mejorado. En un tema tan sensible para Chile, como lo es la actividad minera y sus cadenas de valor, es importante evaluar la conveniencia del proyecto para el país, más allá de las fortalezas y debilidades de las nuevas indicaciones.
El Congreso debe cuidar los intereses del país y el bienestar de la sociedad al aprobar proyectos tributarios que permitan mejorar la calidad de vida de las personas, pero sin afectar significativamente nuestra competitividad a largo plazo. Cabe esperar que estos proyectos le permitan al país recaudar los fondos que se requieren para alcanzar este propósito, cuidando eso sí que en el camino la mayor recaudación no afecte significativamente la inversión, el encadenamiento productivo o el empleo.
Pues bien, ¿puede el royalty minero con los nuevos ajustes aumentar la contribución que la gran minería privada del cobre realiza a Chile?
Si pensamos en recaudación solamente de corto plazo, la respuesta es sí. Evidentemente un aumento en la carga tributaria se traduce en una mayor recaudación fiscal de forma casi inmediata.
Pero si pensamos en recaudación en mediano y largo plazo debemos internalizar el impacto que tendrá la mayor carga tributaria en las decisiones de inversión de las empresas, el empleo y en el encadenamiento productivo de esta industria con el resto de la economía local.
De acuerdo con estimaciones realizadas por GEM, con las nuevas indicaciones del proyecto de royalty la mayor carga tributaria podría impactar en que aproximadamente 300.000 toneladas de cobre fino al año dejen de producirse hacia 2030. Esto es equivalente a una pérdida de más de 30.000 empleos (directos, indirectos e inducidos) y una caída en el PIB de US$1.000 millones de dólares. Es decir, en el corto plazo aumentar la producción permitiría recaudar una cifra similar a lo esperado por el royalty con las nuevas indicaciones, pero en el mediano-largo plazo esta caería significativamente por la baja en producción.
¿Podemos incrementar el aporte de la industria minera del cobre al país?
Estoy convencido de que la respuesta es afirmativa. Basta con que incrementemos un millón de toneladas la producción de cobre para que el país recaude a lo menos US$ 1.200 millones adicionales al año no solo en el corto plazo, sino que mantener esta recaudación en el mediano-largo plazo.
Además de esta mayor contribución fiscal, el país generaría 100.000 nuevos empleos, y el PIB podría crecer en alrededor de US$ 3.000 millones al año.
¿Royalty con nuevas indicaciones o mayor producción y competitividad?
Espero sinceramente que el Congreso cumpla una vez más su misión de velar por los intereses del país y la sociedad, tomando en cuenta no solo la recaudación sino que el impacto en el PIB y empleo de aprobarse en royalty con estas o nuevas indicaciones.
Por Juan Ignacio Guzmán, académico UC especialista en economía de minerales, gerente general de GEM.
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