Columna de Mara Rudman: Caso Floyd, un primer paso para derribar la violencia policial

La condena de Derek Chauvin por tres cargos es un paso necesario para asegurar que se le haga responsable del asesinato de George Floyd. La evidencia contra Chauvin fue abrumadora: múltiples grabaciones de video del crimen y testimonio de testigos presenciales; testimonio de expertos en uso de la fuerza y médicos forenses, y evidencia de otros oficiales del Departamento de Policía de Minneapolis, incluido el jefe de policía. Cualquier otro resultado habría asestado un golpe significativo, casi insuperable, al ideal de un sistema de justicia estadounidense que sea capaz, de cualquier forma, de responsabilizar a los oficiales de policía.

Aún así, el veredicto no borra el hecho de que, con demasiada frecuencia, la policía no es responsable por el uso de fuerza letal contra las vidas de afroamericanos. Incluso desde el clamor nacional contra el asesinato de George Floyd, la policía ha seguido matando a otros estadounidenses de color desarmados. En solo las últimas dos semanas, dos personas más -Daunte Wright y Adam Toledo- se agregaron a la larga lista de estadounidenses desarmados asesinados por la policía.

Ya es hora de que los legisladores de todos los niveles de gobierno aborden seriamente el problema sistémico y continuo de la violencia policial. Deben fortalecer las leyes para detener la violencia policial, reducir el alcance del mantenimiento del orden y empoderar las voces y el liderazgo de los miembros de la comunidad para asegurar la seguridad pública y, sobre todo, reafirmar que las vidas de los afroamericanos importan. Eso comienza a nivel federal con la aprobación de la Ley de Justicia en la Vigilancia Policial de George Floyd que, entre otras cosas, penaliza el uso imprudente de fuerza excesiva, autoriza a los estados a investigar patrones y prácticas de vigilancia policial inconstitucional y prohíbe la discriminación por caracterización racial.

La condena de Chauvin no resuelve los problemas de violencia y falta de responsabilidad policiales. Los legisladores deben actuar con urgencia y demostrar de manera significativa que los encargados de hacer cumplir la ley no están por encima de la ley.

Mara Rudman es vicepresidenta ejecutiva de Políticas del Center for American Progress (CAP).

*Esta columna fue publicada por www.americanprogress.org