Columna de Octavio del Favero: Democracia protegida

Por Octavio Del Favero Bannen, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía Inteligente

Estamos viviendo momentos políticamente álgidos, de alta incertidumbre y donde el poder parece estar en absoluta disputa. En ese contexto, es tentador para actores políticos atribuirse un entendimiento acabado de la voluntad de la ciudadanía y recurrir a viejas recetas para encontrar una “salida”.

Por una parte, el ex Presidente Lagos señaló que en su modelo ideal de continuidad para el proceso constituyente sería imitar al León de Tarapacá. Esto implica que un grupo de “sabios” elabore un borrador de Constitución que adelante el trabajo de un futuro órgano redactor elegido por la ciudadanía. Luego de que tomara fuerza la idea de contar con un comité técnico o de especialistas que sea parte del proceso de redacción de la nueva Constitución, los partidos de Chile Vamos han ido más allá y propuesto que haya elementos sustantivos delimitados previamente al inicio del proceso de redacción.

En el documento de partidos de oposición publicado en los medios se señalan elementos como la propiedad sobre los fondos previsionales y el aprovechamiento de las aguas, la protección del derecho a elegir en materia educacional, de salud y previsional; y la protección de un Banco Central autónomo, entre otros. En otras palabras, se busca iniciar un proceso de deliberación democrática truncado, donde se limite la capacidad de la ciudadanía de decidir ya que otros estimaron anticipadamente que no era bueno para el país que lo hicieran.

Este esquema paternalista de proceso constitucional es una nueva versión de democracia protegida que instauró la dictadura. En este orden de ideas, se estima que hay ciertos aspectos que debe ser excluidos de la deliberación de las mayorías, asumiendo que estas son insensatas e incapaces de arribar a lo que se estima es la “única” respuesta correcta para ordenar algunos aspectos, en especial económicos, de nuestra convivencia.

Una nueva Constitución ha sido comprometida y reconocida como necesaria por la mayoría sectores políticos. En ese sentido, la responsabilidad de los partidos es habilitar un proceso para que canalice la voluntad constituyente de la ciudadanía, no a reemplazarla ni buscando, una vez más, tomar un aparente atajo técnico a un problema político.

La necesidad de nuestro tiempo es encontrar mecanismos democráticos y pacíficos que canalicen nuestras diferencias a través del acuerdo y el compromiso mutuo por el bien común. Buscar que esos elementos sean resueltos por expertos es poner el problema bajo la alfombra en lugar de enfrentarlo con eficacia y profundizando el carácter plenamente democrático que ha tenido el proceso hasta ahora.