Columna de Pablo Rodríguez N.: Partidos políticos y sistema electoral: frágil equilibrio

Uno de los temas que más ha trascendido en el debate constitucional en la Comisión Experta es el fortalecimiento de los partidos políticos. Conocedores de la importancia de los partidos para la democracia, los comisionados comparten el mal diagnóstico de estas organizaciones y la necesidad de mejorar su institucionalidad.

Esto marca un fuerte contraste con el proceso anterior. La propuesta de la Convención Constitucional hablaba vagamente de organizaciones políticas y en una etapa inicial los sectores más radicales incluso pretendieron igualar a los partidos políticos con los movimientos (político) sociales.

Por el contrario, uno de los principales consensos logrados hasta ahora ha sido la constitucionalización de varios elementos vinculados con la regulación de los partidos políticos.

Entre lo aprobado en general destaca positivamente la incorporación de una definición sobre sus fines, otorgando más valor a sus estatutos, la promoción de una efectiva democracia interna, junto con la transparencia, probidad y rendición de cuentas y el establecimiento de un mínimo de representación para que un partido tenga parlamentarios.

A su vez, se promueve una participación equilibrada entre hombres y mujeres en la integración de los órganos colegiados, acceso a financiamiento público, radicando la potestad sancionatoria en sus tribunales supremos. Además, se establece un mecanismo voluntario de primarias para seleccionar a sus candidatos.

No obstante, ciertas innovaciones han causado algunas dudas. En particular, que los parlamentarios puedan -excepcionalmente y en limitadas materias- recibir órdenes de partido y el que pierdan su escaño aquellos que renuncien o sean expulsados del partido que los llevó como candidatos. Ciertamente, se podrán perfeccionar estas iniciativas para su correcta aplicación, pero en su conjunto apuntan a una mayor disciplina interna y a reducir la fragmentación política que ha entrabado seriamente el proceso legislativo.

Conviene precisar que las citadas transformaciones implican una rigurosa regulación: el Servel administrará el registro de afiliados y sus elecciones internas, siendo estas últimas calificadas por el Tricel, sin perjuicio del rol de los tribunales supremos de cada partido.

En síntesis, los acuerdos alcanzados fortalecen la institucionalidad de los partidos para que sean más fuertes, más representativos, con mayor democracia interna y con más transparencia. Con esto se busca elevar sus niveles de confianza y mejorar el funcionamiento del sistema político para una democracia más sólida.

Sin embargo, la enmienda presentada por el oficialismo que propone listas cerradas y bloqueadas para senadores y diputados, de manera que las personas votan por una lista partidaria, donde resultarán electos los candidatos según el orden priorizado por el partido, privando a la ciudanía de elegir al candidato de su preferencia dentro de cada lista, es transferir demasiado poder a las directivas de los partidos.

Si bien las listas cerradas poseen algunas ventajas, limitan la competencia y oferta electoral, introduciendo un mecanismo desconocido y ajeno a nuestra costumbre, que podría alejar aún más a la ciudadanía de la política.

La búsqueda del fortalecimiento de los partidos no puede desbalancear al conjunto del sistema político. En cambio, avanzar en distritos más pequeños y parlamentarios elegidos con mayor representatividad, sí permitiría mejorar la confianza ciudadana y superar la crisis de funcionamiento de nuestro sistema político.

Por Pablo Rodríguez N., investigador Instituto Libertad