Columna de Rafael Sousa: Malo o feo



La expectativa es la sangre de la política. Los que logran algún grado de esperanza, confianza o por lo menos una oportunidad por parte de la ciudadanía hacia sus ideas en temas de prioridad pública, son quienes entran en la esfera de la relevancia. Eso es lo que ha logrado, por ejemplo, el Partido Republicano con su posición frente a la seguridad. Los que son, además, capaces de refrescar esas promesas, se mantienen en la competencia grande, como habrá hecho el Presidente Boric si logra traducir el crecimiento de su aprobación post cuenta pública, en una expectativa sostenida y mayoritaria en cuanto a que el país puede ir mejor de lo que va. Sin embargo, hay situaciones en que la expectativa es inconveniente, ya sea por falta de claridad, acuerdos, o porque los efectos del asunto sobre el que se ha creado expectativa demostrarán rápidamente ser negativos. Son los casos en que la promesa de un estado mejor de las cosas se ve obligada a ceder ante la decepción más aceptable, el debate entre lo malo o lo feo. Esa es la situación en que se encuentra la discusión en torno al futuro inmediato de las Isapres.

El tema se ha transformado en un infierno de política pública porque, cualquiera sea la forma en que se resuelva, la mayor parte de la ciudadanía quedará disconforme o indignada. Las encuestas más recientes muestran opiniones mixtas en cuanto al riesgo financiero en que se encuentran las Isapres (muchos piensan que éstas no van a quebrar), una baja disposición de las personas a que se las exima del pago de excedentes (incluso si eso significara su quiebra), pero una amplia mayoría está abierta a que estos pagos se realicen en el largo plazo para evitar su quiebra y mantener su cobertura. Tres de cada cuatro personas valoran tener alternativas privadas dentro del sistema de salud, pero de perdonazos ni hablar. No es difícil darse cuenta de que, como están las cosas, hay pocas alternativas más allá de ofrecer una solución que no sea mala o fea. Tratándose de un asunto extremadamente sensible, esto traerá costos para todo el entramado institucional que ha intervenido en esta controversia.

Si se materializa el escenario malo, es decir la caída de las Isapres, no pasará mucho tiempo antes que sus promotores, o quienes no actuaron debiendo hacerlo, tengan que hacerse cargo de sus decisiones. No sabemos si esto significará un muy mal rato para muchos o una catástrofe, pero nada bueno puede salir de malas políticas públicas. Por el contrario, es probable que, evitando el escenario malo, una parte importante de los actores involucrados esté disponible para impulsar soluciones que den cumplimiento al fallo de la Corte Suprema -cualquiera que este termine siendo- pero resulten poco digeribles para la ciudadanía. Digamos que este es el escenario feo, nuestro to big to fail. Tiene el mérito de la responsabilidad política, de la disposición a pagar costos por evitar el mal mayor, pero no dejará de ser difícil de presentar que, el sistema político y quizás el judicial, deban correr para salvar una industria que, por distintos motivos, no goza de buena reputación. La declaración de la presidenta (S) de la tercera sala de la Corte Suprema va en esa línea, al proponer una solución que contribuye a viabilizar el sistema, contradiciendo pronunciamientos anteriores. También lo está el proyecto de cambio constitucional para permitir modificaciones en los precios base de los planes.

El debate sobre las pensiones, con todo, por lo menos se trata de cómo mejorar de manera sostenible. El de las Isapres se ha transformado en un malabarismo de expectativas, alimentadas por la desprolijidad del proceso, entre quienes esperan recibir una especie de sexto retiro, disminuir el costo de sus planes, hacer desaparecer el sistema como lo conocemos y mantener su cobertura actual. Paradójicamente, como estas expectativas son incompatibles, hoy el mejor resultado posible es la decepción. Esto significa que, en cumplimiento de lo que haya fallado la Corte Suprema, las cosas puedan seguir más o menos como las conocemos -pese a que la mayoría está de acuerdo en la necesidad de mejorarlas- evitando lo peor y esperando que, en un escenario de mediana estabilidad, se pueda abrir responsablemente la discusión sobre la sostenibilidad del sistema privado y, por esa vía, del sistema de salud en su totalidad.

Por Rafael Sousa, socio en ICC Crisis y profesor de la Facultad de Comunicación y Letras UDP

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