Columna de Teodoro Ribera: Relaciones exteriores en la encrucijada

Monitores de los computadores de los constituyentes durante una de las sesiones del Pleno de la Convención Constitucional en el antiguo edificio del Congreso Nacional en Santiago.



Por Teodoro Ribera, rector de la Universidad Autónoma y ex ministro de Relaciones Exteriores

La ministra de Relaciones Exteriores ha precisado que la iniciativa impulsada por el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, fue un error comunicacional que no buscaba deslegitimar la apertura comercial de Chile al mundo, sino más bien realizar una consulta acotada a sus principales actores para perfeccionarla y darle mayor legitimidad. Sin embargo, y como dato de la causa, es de público conocimiento que el subsecretario Ahumada es un contradictor de la política comercial exterior de Chile, lo que, por supuesto, alimenta las desconfianzas.

La propuesta del subsecretario -de consultar la política comercial a la ciudadanía- buscaría su legitimidad, es decir, podría colegirse que se le cuestiona por ilegítima, y con ello el rol de los presidentes de la República anteriores como conductores de la política exterior y del Congreso Nacional por aprobar los tratados de libre comercio.

Con todo, esta propuesta puede considerarse también un plan piloto, pues de aprobarse el actual borrador constitucional, se diseminará y atomizará en entes autónomos materias y decisiones respecto de los recursos naturales y otras que puedan afectarles, lo que demandará de la Cancillería la gestión de acuerdos con los nuevos líderes locales, que buscarán su legitimidad en el ámbito territorial, sin incentivos para avanzar en proyectos internacionales de efectos generales.

Si la historia del país y su consolidación institucional se edificó sobre la base de una visión nacional, una gestión internacional unitaria, un sistema jurídico, un territorio y un destino común, el proyecto constitucional abandona esos puntos cardinales y aboga por la pluralidad étnica, la diversidad jurídica, las autonomías territoriales e incluso la autodeterminación, concediendo a otras instancias nacionales competencias internacionales. Así, esta propuesta constitucional podría derivar en contiendas permanentes de competencias entre la Cancillería y las regiones o pueblos indígenas, con efectos paralizantes y gravosos para la acción internacional del Estado.

Materias tales como la gestión internacional del mar chileno, de las cuencas hídricas compartidas, la protección de la biodiversidad territorial, la celebración y ratificación de acuerdos como el de Escazú, o con la UE, o incluso decisiones referidas al Territorio Antártico Chileno, podrían verse en la necesidad de superar la difícil valla de aunar previamente posiciones internas con las regiones y comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales.

Si bien la conducción de las relaciones exteriores seguirá alojada en el Ejecutivo, sus cimientos y ejecución quedarán, constitucionalmente, esparcidas en un sinnúmero de órganos más allá de la Cancillería. Desde esa mirada, ¿no será que el subsecretario Ahumada se adelantó a los tiempos?

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