Opinión

Comisiones de Ética y Transparencia del Congreso


En días recientes, y a raíz de una moción parlamentaria presentada por diputados oficialistas, ha vuelto a la discusión pública el rol que cumplen las comisiones de Ética y Transparencia de ambas cámaras en el Congreso.

Lo cierto es que, de tiempo en tiempo, tanto algunos parlamentarios, con su actuación y/o declaraciones, reñidas con la responsabilidad e investidura de sus cargos, ya sea en el hemiciclo o fuera de él, como la inacción de las instancias llamadas a revisar esas conductas, nos llaman a la reflexión sobre la efectividad de las mismas para los fines buscados. Y es que a pesar de que tanto el Reglamento de la Cámara de Diputados como del Senado establecen, en calidad de comisión permanente, la Comisión de Ética y Transparencia de cada cámara, señalando su integración, las materias objeto de su competencia y los procedimientos y sanciones que deben aplicarse, dicha regulación dista de ser la adecuada. De ahí que algunos sostengan que es mejor no tener estas comisiones que tenerlas solo para cumplir formalmente con su existencia.

Si bien dicho planteamiento aparece como extremo, sin duda constituye un llamado de atención importante para que tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo, en el marco de la agenda de modernización del Estado, consideren este asunto para introducir cambios profundos a esta institucionalidad, su composición, funcionamiento y el marco de sanciones aplicables. Hace unos años, el PNUD elaboró un informe con recomendaciones puntuales para Chile al efecto, muchas de las cuales se encuentran plenamente vigentes. Consorcios para la modernización del Estado, integrados por centros de estudios, académicos y otros miembros de la sociedad civil, también han planteado cambios en este sentido, y entre otras materias, como lo son las asesorías parlamentarias.

Las comisiones de Ética y Transparencia del Congreso deben velar por el buen funcionamiento de los sistemas de integridad en la institución. En este sentido, no parece razonable que estas comisiones estén integradas solo por parlamentarios, incumbentes, pues resulta evidente el conflicto de interés y los incentivos perversos que ello genera. Incorporar en ambas cámaras -o generar una comisión bicameral al efecto- a personas independientes, expertas en temas de integridad, sería un paso importante para dar mayores garantías de independencia y aptitud. El Sistema de Alta Dirección Pública podría seleccionar personas adecuadas para estos fines, que luego serían aprobadas, con un quórum importante, por las cámaras. Incrementar los estándares de transparencia y fundamentos de sus resoluciones ayudaría a elevar el control de la ciudadanía respecto de su actuar, junto con revisar el nivel de sanciones para elevarlas, incluyendo la posible cesación en el cargo para casos graves, tras un debido proceso.

Actualmente se tramitan en el Congreso algunas iniciativas promovidas por el Ejecutivo, que vienen a reforzar los aspectos de probidad y transparencia, en general, en la administración pública, y también en el Poder Legislativo. Sin embargo, existe una deuda pendiente en materia de la regulación de las comisiones de Ética y Transparencia que debe abordarse con urgencia, en aras del buen funcionamiento democrático de nuestras instituciones.

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