¿Cómo la pandemia afecta la democracia?

Por Pamela Figueroa. Académica Usach y coordinadora académica Observatorio Nueva Constitución

El viernes, Chile superó los 8.000 casos diarios de Covid-19 confirmados, el índice más alto desde que comenzó la pandemia. Eso, a pesar de un proceso de vacunación avanzado. El debate por posponer las elecciones del 10 y 11 de abril se hizo ineludible y, el domingo, el Senado aprobó en general la postergación de dichas elecciones.

Muchos países se han visto en la necesidad de realizar o posponer elecciones en el contexto de pandemia. En Chile, se postergó el plebiscito por la nueva Constitución. En la nueva fecha, se efectuó con todos los resguardos y el resultado fue satisfactorio. El Servicio Electoral desarrolló un protocolo sanitario, se ampliaron los horarios de votación y se incluyeron más locales. Todas, medidas acordadas entre Servel, gobierno, Congreso y sociedad civil. En esas condiciones, la elección tuvo un alza en la participación comparada con elecciones anteriores, llegando al 51% de participación. Esto demuestra que un amplio consenso entre la política, la sociedad civil y la comunidad científica permite desarrollar elecciones que no afectan la participación ni tienen un efecto importante en el aumento de contagios.

Hoy, nos encontramos en una situación sanitaria crítica y nuevamente se ha tomado la decisión de posponer. Lo que recomiendan expertos internacionales es que aplazar elecciones sea la última alternativa. No se puede suspender la democracia porque estamos en una crisis sanitaria, porque afecta nuestros derechos políticos y civiles, la legitimidad, la confianza y el desarrollo de políticas públicas. Postergar no debiera ser la única ni prioritaria medida para disminuir contagios, por lo que esa decisión debe ir acompañada de estrictas medidas de control de la pandemia. De no ser así, será un argumento permanente para posponer elecciones. Dado el debate en el Congreso, es clave considerar los aspectos científicos, legales y preguntarse, ¿quiénes ganan y quiénes pierden con esta decisión?

Un reciente estudio del Observatorio Nueva Constitución muestra que más del 60% de las candidaturas a la Convención Constitucional son independientes y que el 77% no tiene experiencia política ni pública previa. Son nuevos liderazgos que buscan canalizar la crisis a través de su representación y muestran confianza en el proceso. Postergar puede afectar la viabilidad de esas candidaturas, por la poca experiencia, falta de recursos y redes de apoyo. La desigualdad de Chile también se expresa en el financiamiento de las campañas, y afectará sin duda a los nuevos actores: mujeres, pueblos originarios, independientes, y con esto la legitimidad del proceso.

La decisión de postergar solo debe darse con un consenso político amplio, asegurando una comunicación efectiva a la ciudadanía, resguardando la igualdad política, y observando el gasto en campañas. Y con el firme compromiso de analizar las reformas necesarias para asegurar elecciones en tiempos de crisis.