Compensaciones en reforma tributaria

La actual administración probablemente nunca imaginó que la sola aprobación de la idea de legislar sería un obstáculo tan difícil de superar. Pese a hacer concesiones anticipadas -como abortar muy tempranamente la rebaja del impuesto de primera categoría-, la oposición puso cuesta arriba la primera valla y obligó al gobierno a poner en la mesa varias propuestas que, a los ojos opositores, compensaran los efectos de la reintegración.

Entre las nuevas medidas que permitieron al Ministerio de Hacienda destrabar la discusión tributaria destacan el aporte del 1% del monto de inversión para las regiones, limitar el beneficio del IVA a la construcción -que retrocede en parte la propuesta original del gobierno de aumento del tope en la exención del IVA en este sector-, limitar el uso de "market maker", tributación a los rescates de seguros de vida con ahorro, eliminar la exención de contribuciones de los predios forestales, entre otras. Hacienda estima que estas medidas aportarán una recaudación adicional de US$ 471 millones.

La propuesta que más controversia ha generado es la que pretende un nuevo financiamiento regional. El gobierno busca que los nuevos proyectos de inversión que superen los US$ 10 millones aporten a un fondo regional el 1% del total invertido. Los inversionistas tendrán un plazo de cinco años para pagar este aporte que, en régimen, el gobierno estima que recaudará para las arcas regionales unos US$ 177 millones, divididos mediante un mecanismo de compensación interregional, que considera inicialmente un tercio para el municipio, un tercio para la región de destino del proyecto y otro tanto para un fondo común. Además, este aporte será considerado gasto necesario para producir la renta.

Pese a que el sector privado anhelaba la creación de incentivos regionales para atraer inversiones, con los detalles disponibles, no es claro que la medida propuesta logre ese objetivo. Es,en la práctica, un nuevo impuesto a las inversiones, cuyo resultado podría empeorar la situación actual, si se mantiene la oposición a los grandes proyectos de inversión y, además, se aplica este nuevo gravamen.

Por su parte, la tributación para rescates en materia de seguros de vida con ahorro y la eliminación de las exenciones de contribuciones de los predios forestales, si bien pueden corregir anomalías tributarias, no pueden ser consideradas medidas que estimulen el ahorro ni la inversión.

Este proceso de negociación prelegislativa ha ido diluyendo los pilares con los que la actual administración se comprometió en su programa y por el cual recibió un mandato de la ciudadanía; porque, además de la reintegración, el programa incluía una rebaja en el impuesto de primera categoría, establecer incentivos para reactivar la inversión y simplificar el esquema tributario, especialmente para las pymes. Es decir, de los cuatro ejes centrales en materia tributaria, solo dos lograron superar el primer obstáculo. Si además la oposición logra rechazar la reintegración -tal como han anticipado algunos de sus representantes- es evidente que este proyecto de modernización tributaria perdería sentido; de allí la importancia de que el Ejecutivo haga una defensa política -y técnica- mucho más intensa de la reintegración, sin ceder en aspectos medulares.