Competitividad

Hace un par de días, se dio a conocer el Ranking Mundial de Competitividad del IMD, confeccionado en base a datos de 2018. Dicha publicación, antecedida por el conocimiento de la baja tasa de crecimiento de la economía chilena en el primer trimestre del año, generó un fuerte shock de opinión. No era para menos, dado que Chile cayó en un año del ranking 35 al 42 entre los 63 países considerados.

El indicador del IMD pretende reconocer los factores que facilitan alcanzar la prosperidad, es decir, considera la competitividad tanto una herramienta como un objetivo de política pública. Con fines parecidos hay otros indicadores, entre los que vale la pena mencionar al de Doing Business, del Banco Mundial, que también muestra que caímos, en este caso del puesto 41 en 2011 al 56.

Es cierto que en estos rankings los países pueden bajar de posición incluso si progresan absolutamente en las materias pertinentes, simplemente porque los demás países han avanzado relativamente más. En este sentido la realidad es cruel: país que se duerme, se lo lleva la corriente.

El caso de Chile es preocupante. En el ranking del IMD llegamos a estar en el lugar 19 en el año 2005 y desde entonces hemos caído de puesto, con una sola excepción, en las siguientes 14 mediciones consecutivas anuales. Es decir, no tiene sentido culpar del fenómeno a uno u otro sector político, dado que en esos años hemos tenido gobiernos de ambos, centro-izquierda y centro-derecha.

Algunos podrán alegar que el ranking de competitividad del IMD tiene tal o cuál defecto. Sin embargo, es innegable que en los últimos años la tasa de expansión de nuestras exportaciones ha caído. Durante la actual década incluso lo ha hecho como porcentaje del PIB, en circunstancias que la economía mundial estaba boyante. Mejor demostración de pérdida de competitividad no se puede encontrar.

Indudablemente que es posible identificar las disposiciones particulares que explican la caída de la competitividad, pero lo importante es entender por qué se han adoptado tales medidas. La respuesta es que el país perdió el consenso que tuvo en los años 1990, en que tenía hambre de crecimiento, para así lograr el pleno desarrollo. En cambio, mucho antes de haber conseguido lo último, hemos preferido privilegiar la redistribución a favor de la clase media. Al respecto, considere medidas como la gratuidad en la educación terciaria o las rebajas de los reajustes de los peajes de las autopistas, medidas que en lo grueso no benefician precisamente a los más pobres.

Mientras no volvamos a concordar la firme voluntad de crecimiento y concentrar nuestros esfuerzos redistributivos en reducir la pobreza, condición para alcanzar el bien común, es probable que sigamos perdiendo competitividad y no salgamos de la trampa en que estamos.