Conflicto en el Instituto Nacional

Nuevamente el Instituto Nacional fue paralizado, esta vez luego de una votación llevada a cabo entre los propios alumnos, donde el 50,01% de quienes participaron optó por la toma, mientras que el 23,9% respaldó "no movilizarse". Seguir en clases, pero "movilizados", obtuvo el 20,2% de las preferencias, en tanto el 4,2% votó por "el paro". El centro de alumnos valoró esta votación, resaltando su carácter "democrático", y exhortó a las autoridades a acoger favorablemente el extenso petitorio que reivindica el alumnado.

Esta consulta, que aparenta un clima de normalidad y madurez en el Instituto, pasó por alto el clima de preocupante violencia que ha precedido esta votación, donde la acción de encapuchados ha llevado a reiteradas suspensiones de clases y a enfrentamientos con Carabineros, además de agresiones y amedrentamientos a funcionarios del liceo. Sorprende que cuando hechos de inusual gravedad no han sido aún aclarados -mucho menos sancionados-, se haya aprobado una medida de presión que socava aún más el prestigio y solvencia de este emblemático liceo, echando por tierra su carácter de entidad republicana, para convertirlo en un lugar crecientemente colonizado por grupos de interés o cooptado por agendas ideológicas destructivas de la educación pública.

Es perfectamente legítimo que el alumnado del Instituto Nacional presente petitorios a la autoridad, pero algo de naturaleza distinta es resignarse a que los alumnos puedan establecer una suerte de cogobierno o dicten las políticas educacionales. El supuesto carácter "democrático" de la votación no puede justificar que la ley y las normas básicas de convivencia terminen siendo atropelladas por mayorías circunstanciales, saltándose las reglas de un proceso institucional. Ya se había establecido un negativo precedente cuando la autoridad consintió en un plebiscito para resolver si el liceo se hacía mixto, proceso que, además de controversial -pues fue impugnado judicialmente por una parte de los apoderados-, validó el asambleísmo.

La Municipalidad de Santiago, en tanto sostenedor del Instituto, ha respondido el extenso petitorio de los alumnos, y ha establecido mesas técnicas cuyo éxito resulta de momento incierto. Aun así, es un camino que en todo caso busca retomar el diálogo, lo que desde ya resulta valioso, pero ello debe ser sobre la base de que se depongan en forma inmediata medidas de presión ilegítimas. En ese orden de cosas, parece razonable que la autoridad edilicia haya solicitado una orden de desalojo, un camino que, aunque ingrato, se hace inevitable para poder asegurar la continuidad de los servicios educacionales.

En el petitorio se confunden solicitudes razonables, como los mejoramientos de la infraestructura o el pronto reemplazo de profesores con licencias médicas, con otras más insólitas -como contar con un "menú vegano"-, o desconcertantes, como disponer de un "protocolo de movilizaciones". Pero los reclamos por exigir cambios curriculares o la no aplicación de leyes como "Aula Segura" exceden lo razonable. Cabe esperar que se abra una nueva etapa de diálogo, en que las posturas inflexibles den paso al debate civilizado y en el mejor interés de la educación pública.