Constitución: temas de fondo



Por Luis Larraín, presidente del Consejo Asesor de Libertad y Desarrollo

La atención del proceso constituyente está puesta hoy en candidatos, listas y pactos. Ahora vienen las campañas y el segundo semestre, con convencionales electos, la cuestión serán los contenidos. Hay en nuestra sociedad incomodidad con la forma en que se reparte el poder e inconformidad con los políticos. Se ve esta convención como una oportunidad para reequilibrar el poder y a la Constitución como un vehículo para que las mayorías puedan cumplir sus aspiraciones. Es importante reconocer eso para no frustrar este proceso, pero es igualmente importante identificar cuáles son las cuestiones de fondo que están en juego.

Cuando hablamos de la distribución del poder, los políticos automáticamente piensan cuánto de éste habrá de residir en el Presidente y cuánto en el Congreso. Es un tema, pero me parece que más importante para resolver los malestares de hoy es discutir cuánto del poder se radicará en el centro y cuánto en las comunas y regiones del territorio y buscar una manera inteligente de hacer una redistribución territorial del poder. También es importante que los constituyentes debatan acerca de qué fracción del poder debe quedar entregado a los políticos y cuál a los ciudadanos. Formas eficaces de participación ciudadana, que no sean populistas, pero sí tengan control sobre los políticos, a través de acceso a la información y a decisiones locales que afecten a la comunidad, son también vitales.

Relacionada con lo anterior está la disputa entre Estado y mercado o empresa privada. Pese a lo que digan nuestras ideologías creo que, a la mayoría, más que tomar partido por una u otra postura, lo que les interesa es tener opciones que respondan a sus intereses y aspiraciones. Y sienten que hoy no las tienen en el Estado y tampoco en el mercado. La solución, entonces, pareciera ir por un país que en su institucionalidad les haga posible elegir, opinar, participar. Y si ello es así, hace sentido que demos más relevancia a la sociedad civil en los procesos de definición de las opciones que estarán disponibles para los chilenos.

Muchos perciben que los llamados derechos sociales son un vehículo para que las personas obtengan de la sociedad bienes y servicios a los que aspiran a acceder. Pero es importante reconocer que en la definición de esos derechos hay también intereses. ¿No hay en la gratuidad universitaria acaso una pugna entre jóvenes, urbanos, de clase media y jóvenes, pobres, de sectores rurales? Y el tema de las pensiones, una entre personas mayores, a los que favorece un esquema de reparto financiado por los que trabajan hoy; y jóvenes, a los que les conviene un sistema de capitalización, pues mañana ya no habrá muchos jóvenes trabajadores para financiar su pensión. Si estas cosas no se ponen sobre la mesa, la nueva Constitución puede generar tremenda frustración. Los constituyentes tienen la palabra.

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