Constitución y participación ciudadana



Por Carolina Valenzuela, investigadora académica de la Universidad Autónoma de Chile

En agosto comenzó la franja del plebiscito del próximo 25 de octubre, que someterá a elección popular dos opciones: Apruebo, para un cambio de la Constitución; y Rechazo, para mantener la actual. En la propaganda del Apruebo se potencia una idea con un trasfondo histórico sugerente: por primera vez en la historia de Chile, la ciudadanía tendrá la posibilidad de participar en un proceso constitucional, hecho significativo, sobre todo si miramos la historia de Chile, que nos demuestra que, desde los primeros ensayos constitucionales hasta hoy, la creación de la Carta Magna ha estado a cargo de las élites del país.

El historiador Jaime Eyzaguirre, en su libro Historia del Derecho, recuerda a José Victorino Lastarria, tratadista chileno de Derecho Constitucional, quien escribió la Historia constitucional de medio siglo (1853), donde se pronunciaba con hostilidad frente al “despotismo del pasado” que perduraba después de la independencia. En efecto, el conservadurismo y el autoritarismo marcaron la construcción nacional, cuyo agente fue la élite ilustrada, quienes perfilaron la idea de una nación y elaboraron leyes. La pregunta que cabría hacerse es ¿fueron las anteriores constituciones que rigieron en Chile producto de las élites? Y si esto fue así, ¿estamos hoy ante un cambio que permitirá la participación ciudadana? Desde los primeros reglamentos constitucionales hasta el presente observamos que las cartas han sido redactadas principalmente por intelectuales que han puesto su sello personal en ellas, como Juan Egaña en la Constitución de 1823, José Miguel Infante con las Leyes Federales de 1826, y José Joaquín de Mora y Mariano Egaña, con las constituciones de 1828 y 1833, respectivamente.

Esta última fue una de las constituciones con mayor vigencia en Chile, y –tal como señala el texto Historia y Ciencias Sociales de 2007 de Vial, Balmaceda, Leiva y otros- su principal empeño fue "combinar un gobierno vigoroso con el goce completo de una libertad arreglada, es decir, dar al poder la fuerza para defenderse contra los ataques de la insubordinación producida por los excesos de la democracia. De esta forma, el gobierno se planteaba fuerte a la vez que reforzaba la primacía presidencial, la que también caracterizaría a las constituciones de 1925 y 1980. Esta última buscó asentar un nuevo modelo económico neoliberal en el país, estableciendo un sistema de subsidiariedad que fijaba un rol estatal reducido. Aunque también se convocó a un plebiscito para su aprobación, la ausencia del Tribunal Calificador de Elecciones y la Dirección de Registro Electoral, entregó a los alcaldes (designados por la autoridad) el rol de control de la votación, lo que hizo cuestionable tanto el proceso electoral como los resultados finales.

Es posible observar que las tres anteriores constituciones de mayor vigencia en el país (1833, 1925 y 1980) surgieron en momentos de crisis o alrededor de levantamientos militares, dirigidos por grupos reducidos y elitistas. Por tanto, estamos en un momento histórico sin paragón en la historia de Chile, no perdamos la oportunidad de participar, con una base ciudadana más amplia, en este plebiscito para construir el Chile que queremos. A diferencia de las anteriores constituciones, el proceso actual surge de una demanda urgente desde la sociedad. ¿Estaremos siendo testigos de la primera Constitución en nuestra historia cuya base constitutiva será el pueblo?

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