Opinión

Contienda por asesorías parlamentarias


El Senado y el Ministerio Público se ha enfrascado en una disputa en el marco de la causa por posible fraude al fisco que abrió la Fiscalía en relación con las asesorías parlamentarias. El ente persecutor ha solicitado al Congreso copia de todas las asesorías que han requerido los parlamentarios entre 2011 y 2017, petición a la que accedió la Cámara de Diputados, no así el Senado, instancia que estima improcedente una petición así de genérica, porque siembra una injusta sospecha sobre toda la Corporación, y también sobre los asesores.

No cabe duda de que el buen uso de los recursos públicos exige mayores estándares de transparencia, porque de esa forma es posible ejercer una fiscalización más efectiva. En el caso de las asesorías parlamentarias, los recursos destinados a esta función son cuantiosos -del orden de US$ 50 millones para este año, considerando asesorías y personal de apoyo-, y justificadamente han surgido dudas sobre la pertinencia de dichas asesorías. Diversas investigaciones periodísticas han dejado al descubierto informes que han sido vulgares “copy-paste” -valga recordar que a raíz de estos es que la Fiscalía abrió una causa penal.

Aun cuando puede ser justificable que se busque mayor transparencia sobre este tipo de documentos, es atendible que el Senado procure acotar la indagación de la Fiscalía a aquellos casos sobre los que existan fundadas sospechas, porque de lo contrario se pasan a llevar reglas que en el período bajo investigación aseguraban cierto nivel de reserva -como garantía para los asesores- y una relativa discrecionalidad en la forma en que el parlamentario podía utilizar dichos recursos. Estas normas han cambiado, pues el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias determinó en junio recomendar que todas las asesorías sean públicas, lo que brinda más certeza de cómo operar a futuro.

Con todo, sería ingenuo suponer que la sola publicidad de las asesorías bastaría para asegurar que los fondos públicos no se usen para fines proselitistas. El Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias se ha visto sobrepasado para acotar bien estos gastos, por lo que es tiempo de pensar en un nuevo diseño institucional. Bien se podrían aprovechar las capacidades técnicas de la Biblioteca del Congreso, para que ésta administre el grueso del presupuesto destinado a asesorías y evalúe la procedencia de los requerimientos que demandan los parlamentarios, dejando solo una fracción del presupuesto para que pueda ser usada discrecionalmente por los legisladores.

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