Si usted quiere leer alabanzas emocionadas al coraje de la Presidenta que, contra viento y marea, y aunque sea en el minuto 89 del segundo tiempo, cumple con su compromiso de enviar un proyecto de nueva Constitución, le recomiendo buscarlas en otra parte. Aunque le tengo respeto y reconocimiento a la Presidenta, estoy demasiado viejo para actuar como groupie. Ahora bien, si usted está buscando críticas demoledoras e implacables (y salpicadas de ironía) a este envío de última hora, tampoco las hallará aquí. Siendo un convencido partidario de la conveniencia de una nueva Constitución nacida en democracia, no me interesa que alguien pudiera confundir mis críticas a los errores forzados del gobierno con el coro monocorde de quienes, en verdad, nunca han querido el cambio constitucional y nunca, por tanto, encontrarán un método o una oportunidad suficientemente buenas.
Veamos. Lo del último minuto, obviamente, no es óptimo. Pero seamos justos. Siempre se supo, porque así lo dijo públicamente la propia Presidenta el 2015, que el proyecto sobre contenidos se entregaría a fines de su mandato y sin ninguna pretensión de que fuera discutido o aprobado por la Legislatura que cierra la próxima semana. Fue en enero de 2017 que los Observadores le entregamos a la Presidenta las conclusiones del proceso participativo (encuentros locales y cabildos). Lo ideal habría sido difundir un proyecto que recogiera ese valioso insumo.
Entiendo que el proceso participativo indígena, exigido por nuestros tratados y por la justicia, impidió cumplir ese plazo. Luego entramos en la tierra derecha de la campaña presidencial. Desde esta misma plataforma, me permití sugerir que el proyecto no se mandara en plena campaña, para evitar que se confundiera con una de las opciones electorales concretas. Sigo pensando que fue correcto que el gobierno no cediera a esa tentación.
Mi problema tiene más que ver con el método de trabajo. ¿No hubiera sido mucho mejor haber proyectado al 2017 la metodología transparente que caracterizo la fase participativa? ¿Por qué no realizar un proceso amplio de consultas y seminarios con entidades sociales, académicas y ciudadanas? ¿Cómo es posible que un gobierno haga un anuncio de esta importancia sin involucrar oportunamente a los partidos que lo apoyan? ¿Se espera que salgan a defender, sí o sí, con la disciplina del funcionario? ¿Cómo pretender un gran acuerdo nacional si no se involucra, aunque sea un poquito, a Chile Vamos y al FA? Imagino que los partidarios del status quo constitucional deben estar sacando cuentas alegres con la capotera a nivel de opinión pública que parece haber sufrido el acto gubernamental de ayer.
Se equivocan, sin embargo, si creen que unos 200 tuits y memes irónicos van a sepultar la fuerza profunda del anhelo de un nuevo pacto constitucional. Esa esperanza se proyecta hacia el futuro mucho más allá del mandato de Bachelet; seguirá viva pese a los desaciertos del equipo político y es mucho más potente que la malograda NM. ¡Continuará!