Contradictoria señal en combate al delito

Es preocupante la ligereza con que algunos parlamentarios proponen la derogación de normas contenidas en materia penal, o un indulto con motivo del estallido social, sin medir sus consecuencias.



Un grupo de diputados pertenecientes a Revolución Democrática, el Partido Comunista y el PS presentaron un proyecto de ley para derogar la Ley de Seguridad del Estado, la ley antibarricadas -promulgada el año pasado- y el control preventivo de identidad. A juicio de los parlamentarios, dicho conjunto de normas constituye una “agenda antirrepresión”, al vulnerar garantías fundamentales en materia de orden público, y utilizar herramientas del derecho penal para reprimir a adversarios políticos.

El proyecto se une a la moción que en diciembre pasado presentó un grupo de senadores de oposición para efectos de decretar un indulto a todos aquellos que se encuentren condenados o cumpliendo prisión preventiva -incluso abarcando a personas que no se encuentren formalizadas- con motivo de acciones cometidas en el marco del estallido social.

Resulta inentendible que este grupo de legisladores envíe una señal tan contradictoria en materia de orden público, justo cuando la ciudadanía demanda acciones mucho más enérgicas del Estado frente a la escalada de violencia que se ha observado en el último tiempo, especialmente por la acción de grupos ligados al narcotráfico, que han devenido en graves balaceras. Asimismo, el aumento de portonazos y el incremento en el número de homicidios confirman que el país atraviesa por un momento complejo en materia de delincuencia. Lo propio ocurre en el ámbito del orden público, donde el vandalismo y los saqueos se han tornado en una preocupación de primer orden, siendo evidente que las fuerzas policiales se han visto sobrepasadas para contener este tipo de manifestaciones.

El contrasentido se ve aumentado porque en el Congreso justamente se debate una batería de proyectos de ley para reforzar los sistemas de inteligencia y un mejor control de las armas de fuego, entre otros, a fin de enfrentar la delincuencia. Si bien no en todos estos proyectos existe consenso entre los parlamentarios, el debate se había enmarcado en cómo dotar de más facultades a los organismos del Estado, y no en cómo despojarlo de atribuciones, como se pretende con esta agenda “antirrepresión”. Todavía más extraño es que estos mismos sectores planteen la derogación de una norma como la Ley de Seguridad del Estado, cuando hace pocos meses promovieron una acusación constitucional contra el ex ministro del Interior Víctor Pérez, entre otras razones acusando un actuar discrecional por no haber invocado dicha norma en el paro camionero.

Se espera de los legisladores que sean capaces de sustentar con fundamentos sus propuestas, en especial en ámbitos tan delicados como los señalados. Para el caso del proyecto que promueve el indulto, sus promotores aseguraron que hay cerca de 800 personas cumpliendo prisión preventiva, en juicios que se han extendido por mucho tiempo. La Corte Suprema, alertada por estas informaciones, entregó su propio catastro, dando cuenta que a mediados de diciembre pasado se contabilizaban 37 personas en esta condición, 26 de las cuales eran civiles y el resto agentes del Estado. Con ello queda en evidencia una manifiesta falta de prolijidad en la forma como se ha justificado esta iniciativa, y lo mismo se podría decir de los fundamentos para la derogación de normas.

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