Contradictorias señales tras la acusación constitucional

Tal como se había anticipado, la acusación constitucional en contra del Presidente de la República no prosperó en el Senado, al no lograr reunir el quórum requerido de 29 votos. Ello porque si bien la oposición había cerrado filas para destituir al Mandatario, no encontró ningún voto favorable del oficialismo.

Desde un primer momento era evidente que esta acusación, presentada apresuradamente con el fin de hacerla coincidir con las elecciones generales, carecía de sustento, al no lograr adjuntar pruebas sólidas que dieran por establecidas las causales invocadas. Cabe valorar que el Senado haya logrado actuar como contrapeso, impidiendo que se concretara una acción infundada, que habría provocado graves secuelas en nuestra institucionalidad. Ciertamente se habría esperado un mejor nivel de argumentación por parte de los senadores, en especial en quienes apoyaban la acusación, que en muchos casos repitieron argumentos más propios de la consigna, o sencillamente se limitaron a votar favorablemente, sin siquiera fundamentar el voto. Pero más allá de que la institucionalidad jugó su papel, tampoco cabe perder de vista que en el contexto de esta acusación también ocurrieron situaciones que en nada prestigian la labor parlamentaria.

Es un hecho que al saberse de antemano que los votos no estarían en la Cámara Alta, fueron muchos los parlamentarios que aprovecharon de darse gustos personales, a sabiendas de que ello no acarrearía responsabilidades. Fue probablemente eso lo que explica el bochornoso espectáculo que se dio en la Cámara de Diputados, donde el acusador se permitió hablar 15 horas seguidas para dilatar la sesión, despojando de toda seriedad un hecho tan delicado como una acusación constitucional.

No menos bochornosas han resultado las expresiones del diputado comunista Daniel Núñez, quien ofuscado por este resultado planteó que “hay que clausurar el Senado”, una afirmación que por de pronto ha llamado a sorpresa, considerando que el parlamentario compite actualmente por un escaño en la Cámara Alta. Resulta profundamente contrario a las nociones democráticas más elementales que una institución sea valorada solo si actúa en determinada dirección, pero en cambio sea despreciada si lo hace en sentido contrario, enviando así una muy equívoca señal. Igualmente lamentable han resultado las declaraciones de otra candidata comunista al Senado, la exministra Claudia Pascual, quien sostiene que por la forma en que resolvió la Cámara Alta se justifica suprimirla y transitar hacia un sistema unicameral. La ligereza de esta opinión pasa por alto las profundas implicancias que implica el establecimiento de un régimen unicameral, lo que exige un debate en profundidad, que no puede quedar condicionado a hechos circunstanciales.

También resulta inexplicable la manera en que Manuel José Ossandón, senador de Renovación Nacional, abordó esta acusación, votando abstención a pesar de que él mismo reconoce que no había pruebas en ninguno de los dos capítulos. Fiel a su estilo, optó nuevamente por jugar el papel de díscolo, privilegiando sus propios intereses por sobre la lealtad que debe a su partido y a la coalición de que es parte. En esos términos, cabe interrogarse por qué Ossandón insiste en ir a la reelección representando a Chile Podemos Más, y a su vez por qué el bloque lo sigue considerando como parte de su nómina, tomando en cuenta que ha mostrado escaso apego por iniciativas impulsadas por el gobierno.