Controversia en CIDH por matrimonio igualitario

El gobierno ha dado respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación al compromiso asumido por el Estado de Chile relativo al matrimonio igualitario, parte del contenido de un Acuerdo de Solución Amistosa a que se llegó ante una demanda interpuesta por el Movilh en 2012, por la denegación del matrimonio a personas del mismo sexo. En su comunicación, la autoridad ha señalado que el compromiso en esta materia se encuentra cumplido y que nunca el Estado se obligó a aprobar este tipo de matrimonio.

Los aspectos relativos al matrimonio igualitario consideraban, junto con presentar un proyecto de ley que lo estableciera -lo que hizo la administración pasada- el impulso a un proceso de discusión pública y las medidas necesarias -incluidas acciones de promoción- para impulsar esta iniciativa. Es este último aspecto el que ha motivado a los promotores de esta causa la presentación de un reclamo en que se acusa el incumplimiento de lo acordado.

Sin perjuicio de la interpretación que se pueda hacer sobre el alcance de la obligación de impulsar el matrimonio igualitario, y del compromiso que firmó el gobierno en mayo declarando que cumpliría con los términos del acuerdo, en ningún caso podría suponer que implica asegurar un resultado. Obligarse a ello estaría situando al Ejecutivo en una acción de intervención dentro de la órbita de atribuciones del Congreso, vulnerando la debida separación de poderes. Por otra parte, tampoco es razonable que esa obligación condicione la prioridad que debiera darse a la discusión del proyecto, postergando las definiciones que las propias autoridades, tanto del Ejecutivo como del Poder Legislativo, hacen frente a las necesidades y urgencias que deben abordar.

Lo sucedido, más allá de la explicación del gobierno y de que pueda activarse la disputa en la Corte Interamericana, vuelve a relevar las complejidades de adherirse a instancias donde la jurisdicción interna se pueda ver comprometida, sin que resulte claro cuáles son los beneficios para el país de ello. La participación en foros internacionales forma parte de una sana integración y un genuino interés por fortalecer el multilateralismo, pero en la medida que ello implique ceder espacios de soberanía entonces se debe ponderar con especial cautela la adhesión a obligaciones de esta naturaleza.