Controversia por fondos para educación superior

Tras el rechazo del proyecto de Ley de Presupuestos 2021 para educación superior, el Ministerio de Educación conformó una mesa de trabajo con el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), que buscará destrabar los puntos de desacuerdo de cara al debate en la comisión mixta. Si bien el presupuesto para este nivel educativo experimentará un alza de casi 2% real, es la composición de éste lo que ha provocado las discrepancias.

Por un lado, están los recursos para ayudas estudiantiles, que corresponden mayoritariamente al financiamiento de la gratuidad. Ésta crecerá en $82 mil millones, fondos que permitirán extender el beneficio a los estudiantes de nuevas instituciones que han ingresado a esta política, así como también a quienes, atendidas las dificultades que vive el país, podrían comenzar a requerirla. Parte del dinero necesario para ello provendrá de una reducción de las becas -por los beneficiarios que se traspasarán a la gratuidad-, así como de algunos de los fondos basales y concursables disponibles para las instituciones. En relación a esto último, desde la Subsecretaría de Educación Superior se explicó que la rebaja se debe al término de iniciativas específicas, de manera que en la práctica no habrá una amenaza a la continuidad de los compromisos vigentes entre el Estado y las universidades.

Sin embargo, los rectores de las universidades del Cruch han solicitado que los aportes se mantengan en el mismo nivel del año pasado y han cuestionado que haya fondos concursables abiertos a instituciones acreditadas que no forman parte de este conglomerado, dando a entender que se debiera dar un trato prioritario solo a sus instituciones. Lo cierto es que las cifras muestran que ello ya ocurre, toda vez que un 94% del financiamiento institucional está reservado para ellas, en circunstancias que atienden al 33% de la matrícula total. Así, las críticas del Cruch parecen desproporcionadas y fuera de contexto. Si bien se entiende su inquietud, lo cierto es que las decisiones presupuestarias de un área no pueden decidirse de manera independiente del resto de las necesidades del país, en especial dadas las dificultades fiscales que el país enfrenta.

En esta oportunidad, la decisión del Ejecutivo apunta a priorizar el gasto en áreas como la salud, protección social y reactivación del empleo, lo que requiere de, entre otras cosas, atenuar por un tiempo el fuerte aumento en los recursos que el Estado ha venido entregando a la educación superior. Según el último informe de Estadísticas de las Finanzas Públicas, éstos han crecido en un 168% desde 2010 a 2019, mientras el gasto público total lo hizo en 50%. Ello da cuenta del énfasis que este nivel educativo ha recibido en los últimos años y que hoy no es posible sostener. En momentos como el actual se requiere de comprensión, especialmente por parte de quienes más se han beneficiado en los períodos económicos favorables. Las cifras indican con elocuencia que dentro de ese grupo están las universidades, y en especial las del Cruch.