COP25, ¿empresarios preocupados?

Como se señala en la página oficial de la COP25, los ojos del mundo se posarán en Chile entre el 2 y 13 de diciembre próximo, donde nuestro país es el anfitrión de la cumbre sobre cambio climático. Un evento en el que 197 países se reúnen para impulsar políticas destinadas a proteger el planeta y en la que participarán cerca de 25.000 personas, incluyendo a Greta, la más simbólica representante en la defensa de la conservación del medio ambiente. El gobierno ha propuesto hablar del cuidado de los océanos y la Antártica, energías renovables, y protección de ecosistemas, bosques y biodiversidad. Se trata, según palabras del Presidente Piñera, que la cumbre "demuestre la seriedad y responsabilidad de Chile y contribuya a que la humanidad entera enmiende el rumbo y corrija sus errores".

Es un loable propósito. Pero en esta cumbre no se dirá que la regulación chilena no está bien diseñada en materia de políticas ambientales. No se hablará de que existe una tensión mal resuelta entre el derecho a desarrollar actividades económicas y la garantía de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Desde la óptica de la sensibilidad pública y política, la oposición a algunas iniciativas industriales los hace parecer incluso como incompatibles. Esto ha llevado a que muchos proyectos, incluso algunos en ejecución, sean atacados aunque cumplan con la normativa específica. Se afecta, así, la certeza jurídica. Las discusiones terminan resolviéndose en el Poder Judicial que, de esta forma, asume una suerte de traspaso de facultades técnicas que son propias de los organismos creados por la ley.

En Chile es un hecho que los grupos medioambientalistas están bien organizados, en tanto que los empresarios que enfrentan sus reparos no tienen apoyo concreto de las entidades gremiales porque éstas no intervienen en los recursos judiciales, sino que son meros comentaristas de los efectos de alguna decisión o sentencia. Tampoco intervienen en las grandes discusiones ambientales las universidades ni los centros de pensamiento aportando objetividad e información.

Chile es responsable de un 0,25 % de las emisiones de CO2 en el mundo, mientras que EE.UU. y China son los países más contaminantes. Si ellos no concurren a acuerdos, la reunión de la COP25 será de dudosa eficacia, como ya ha ocurrido con Kioto y París. Con todo, en diciembre la oportunidad de discutir acerca de nuestras regulaciones es de gran significación. En nuestro país la balanza está volcada a favor de quienes controvierten el desarrollo empresarial. Las organizaciones medioambientalistas, cuyos intereses muchas veces son difíciles de discernir, hacen aparecer a los empresarios interesados únicamente en las ganancias y descuidando el medio ambiente. La COP25 será una oportunidad única para éstos de demostrar que su trabajo es serio y sujeto a altos estándares de preservación. Pero también tienen que hacerse el espacio para plantear los problemas de nuestro sistema regulatorio con realismo y sinceridad.